Señala investigadora del Ciesa que no existe una correcta actuación de las autoridades agrarias en las regiones indígenas mayas
La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesa), Gabriela Torres Mazuera, denunció que los proyectos de desarrollo agroindustrial, turístico y de energías renovables en zonas ejidales de Yucatán afectan los derechos ejidales y de los pueblos indígenas.
La académica dijo que Yucatán es el segundo estado con población indígena, la cual habita en alguno de los 86 ejidos que conforman la mitad del estado, es decir, “el 56 por ciento del territorio de Yucatán es ejidal”.
Puso como ejemplo de estos conflictos el caso de San José Tipceh, en Muna, donde miembros de la comunidad viven una confrontación con la trasnacional Sun Power, quien en complicidad con las autoridades agrarias, pretende instalar un megaproyecto de energía solar, en el que se instalarán 1 millón 227 mil 200 celdas solares, que significarían la deforestación de 762 hectáreas de territorio maya.
“Observamos que no ha habido una correcta actuación de las autoridades agrarias en las regiones indígenas mayas; por ello, luego de los resultados del Informe sobre la Jurisdicción Agraria y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos de México, podemos afirmar que la Procuraduría , el Registro y el Tribunal agrarios, no actúan conforme a lo establecido por la ley”, indicó.
“Nuestro evaluación para las autoridades agrarias es negativo, la cual coincide con los señalamientos de organizaciones indígenas, ya que todos los días legan a los tribunales agrarios conflictos que tienen que ver con enajenación de tierras ejidales, con irregularidades en los procesos de transacción o denuncias contra empresarios que no son ejidatarios, pero que son reconocidos por la asamblea comunal, resultado de un proceso viciado avalado por los visitadores agrarios”, manifestó.
Gabriela Torres comentó que en los proyectos de energias renovables no existe una participación directa de los ejidatarios y comunidades indígenas por eso reclaman su inclusión en estos programas.
“La ley establece que debe hacerse una consulta si el proyecto se realiza en una zona de población indígena, sin embargo, en la mayoría de los casos no se realiza, de ahí la oposición de los ejidatarios; sin embargo, se debe reconocer que esta oposición no es total ya que los campesinos e indígenas no están en contra del desarrollo sino en contra de la manera en cómo se implementan y la falta de opciones de las comunidades para ser parte de estos proyectos”, manifestó.
Por ello, señaló que es urgente privilegiar al ejido, como un territorio donde hay pueblos indígenas que deben ser incluidos en las consultas cuando se planean desarrollar proyectos extractivos y de desarrollo.
Texto: Jorge Euán
