Por Carmen Garay
La semana pasada se anunció que el denominado Tren Maya, magno proyecto de infraestructura del próximo gobierno federal que contempla transitar por los estados de la región sureste, incluido Yucatán, tendría un costo cercano a los 150 mil millones de pesos. Hasta el momento, nada se dijo de consulta pública porque el monto lo amerite, nada se dijo de estudios del impacto social y ambiental. Una vez más, el razonamiento es primeramente económico: detonar el desarrollo turístico; después vendrá el tema social y humano, así como deberá hacerse el análisis relativo a los riesgos de seguridad -no solo ventajas- que conlleva poder trasladar cualquier cosa, en menor tiempo.
Supongo que, si sigue adelante este proyecto, de algo podrían servir los estudios del proyecto de tren transpeninsular que había propuesto la gobernadora Ivonne Ortega; el tema que pocos años después el presidente Peña Nieto abrazó, comprometió ante notario y luego de plano canceló por falta de viabilidad financiera.
Se han gastado ya varios millones de pesos en un tren que sólo sirvió de inspiración de caricaturas y memes. Esperemos que el proyecto de AMLO vea la luz, en todos sentidos, para disipar la sombra de su criterio con rasero diferente para ponderar proyectos.
El análisis del discurso político -de cualquier personaje político-, trata de encontrar los “nudos” de palabras recurrentes que se usan para designar la realidad, y también -quizá lo más importante-, el análisis necesita identificar los datos que dan soporte a las declaraciones. Este contraste del discurso y la realidad en ocasiones entraña incongruencias, que pueden ser tan monumentales como los proyectos de los cuales ha hablado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Tenemos a la vista de todos, el tema de dos magnas obras públicas: El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM) y el Tren Maya Peninsular.
El NAICM que inició en febrero de 2015, iba a significar la magna obra de infraestructura del sexenio de Enrique Peña Nieto, estimada en 169 mil millones de pesos. Según el documento oficial emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)disponible en http://www.aeropuerto.gob.mx, (2014), se realizaron oportunamente diversos estudios de factibilidad (aeronáutica, hidráulica, geológica, entre otros) y del impacto social y ambiental antes de decidir su construcción, que inició en 2015. Al primer semestre de este año, reporta un avance del 31%.
Dije “iba a significar” como posibilidad muy remota, porque el presidente electo ya se ha encargado de hablar tanto de ese tema que simbólicamente ya es más suyo que de EPN. Lo más interesante es que prometió una próxima consulta nacional -cuando pueda hacerlo- para que “el pueblo de México decida si el nuevo aeropuerto va o no va”. AMLO declara que una inversión estimada en 169 mil millones de pesos amerita consulta, pero no con la almohada, sino con millones de mexicanos bien intencionados, pero me temo que con mínima o nula experiencia sobre cuestiones arquitectónicas y de ingeniería.
En cuanto a la consulta a los ciudadanos para un tema de carácter técnico, opino que no es pertinente y sólo podría ser una estrategia para revestir de democrático el afán de exhibir poder político.
