La legisladora Guadalupe Murguía presenta en San Lázaro una iniciativa de ley para que esos delitos sean sancionados de oficio con la prisión preventiva; se protegería a víctimas, precisa
La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez presentó una iniciativa de reforma constitucional para que los delitos de extorsión, robo a casa habitación y a negocio sean sancionados de oficio con prisión preventiva, como medida cautelar.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) recalcó que el objetivo de su propuesta es evitar que las víctimas de esos ilícitos se encuentren en riesgo durante los juicios, con los inculpados en libertad.
Por ello, planteó modificar el segundo párrafo del Artículo 19 de la Constitución, para que el juez penal aplique de manera automática la prisión preventiva en estos supuestos.
Lo anterior, añadió, sucede actualmente con los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos violentos cometidos con armas y explosivos, así como en la comisión de delitos graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
La iniciativa, suscrita por los senadores panistas Mauricio Kuri González, Ismael García Cabeza de Vaca y Juan Antonio Martín del Campo, destaca en la exposición de motivos que la prisión preventiva como medida cautelar es un tema controvertido.
Por un lado, argumentaron, “restringe el derecho humano a la libertad sin sentencia judicial firme, pero por otro, contribuye a garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a las víctimas y testigos”.
La senadora expuso en tribuna que el derecho humano puede verse restringido con fines cautelares ante la probabilidad de que el inculpado haya cometido algún delito o de evitar riesgos, por lo cual la ley faculta al juez a solicitar prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes.
La legislación, dijo, no vislumbra alternativas jurídicas que permitan optar por una vía distinta a la prisión preventiva para proteger a las víctimas, a los testigos y a la comunidad.
Por ello, la propuesta, añadió, atiende el reclamo de la ciudadanía, que en reiteradas ocasiones ha solicitado la aplicación de esta medida cautelar a los inculpados por dichos delitos.
“La preocupación de sumar al criterio oficioso el delito de extorsión, también obedece a la solicitud de exmagistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, quienes contribuyeron a la elaboración de gran parte de esta iniciativa, la cual está basada en sus reflexiones, experiencia y práctica profesional”, resaltó.
De 2002 a 2016 el delito de extorsión ha ocupado el segundo y tercer lugar de los delitos más cometidos en el país, y el robo a casa habitación, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano sobre Seguridad, Justicia y Legalidad, “en México cada seis minutos y 30 segundos, fue abierta una carpeta por este delito durante febrero de 2017”, se destaca en las consideraciones de la iniciativa.
Al igual que el robo a casa habitación, el robo a negocio es otro de los delitos que afecta gravemente a los ciudadanos, toda vez que atenta contra la economía de las comunidades al poner en riesgo los negocios y extinguir las fuentes de trabajo.
Texto y foto: El Universal
