Por Ricardo Smith Nieves
El pasado miércoles 23 de enero Venezuela nuevamente puso en alerta a la comunidad internacional. La Asamblea Nacional -órgano legislativo electo democráticamente en 2015 y controlado por la oposición- nombró a Juan Guaidó presidente interino del país y desconoció a Nicolás Maduro como presidente. Como en otras situaciones similares, para los países en Latinoamérica y otras regiones era necesario adoptar una postura diplomática.
México emitió su posicionamiento oficial por medio de dos comunicados: uno unilateral, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y uno bilateral, firmado en conjunto con el gobierno de Uruguay. En líneas generales, el balance de la postura que adoptó México es negativo.
Primero, aunque fue prudente al abstenerse de reconocer a alguno de los presidentes, errores de comunicación quitaron fuerza a este mensaje. En segundo lugar, el lenguaje utilizado en los comunicados refleja un cierto temor del gobierno mexicano a reconocer la realidad de la situación en Venezuela, especialmente para los ciudadanos. Finalmente, si bien la propuesta de ser mediador en el conflicto es digna de celebrarse, carece totalmente de credibilidad.
México omitió cualquier llamamiento a respetar los derechos humanos del pueblo venezolano, particularmente el derecho a protestar.
En primer lugar, México falló en comunicar una postura creíble de neutralidad ante la crisis. Hay que admitir que, ante la compleja situación, fue prudente aplicar la Doctrina Estrada, según la cual México se abstiene de reconocer o desconocer gobierno alguno y se limita, simplemente, a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos.
No obstante, debimos haber optado por una neutralidad inteligente y prudente, sin hacer referencia alguna al reconocimiento o al desconocimiento del gobierno venezolano. Desafortunadamente, el fraseo de nuestro comunicado oficialrepresentó un reconocimiento de facto al gobierno de Maduro y restó fuerza a la idea de que nos manteníamos neutrales. Asimismo, las lamentables declaraciones del vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, terminaron de dar al traste con nuestra supuesta neutralidad.
Otro de los grandes problemas del posicionamiento oficial de México fue la falta de una postura contundente sobre el delicado tema de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Para comenzar, México comete un craso error cuando llama a que las partes en conflicto “reduzcan tensiones, hagan esfuerzos por evitar un escalamiento y rechacen cualquier tipo de violencia política”. Estas líneas serían adecuadas para describir un conflicto parecido a una guerra civil, con dos o más partes en pugna. Lo que sucede en Venezuela es algo totalmente distinto y es francamente lamentable que el gobierno de México dude tanto en reconocerlo explícitamente.
Lo que sucedió el 23 de enero fueron manifestaciones ciudadanas masivas, convocadas por una oposición arrinconada, frente a un gobierno que cuenta con toda la fuerza del Estado. Más grave aún, México omitió cualquier llamamiento a respetar los derechos humanos del pueblo venezolano, particularmente el derecho a protestar. Esto va en contra de nuestro principio de respeto y protección a los derechos humanos contenido en la Constitución y nos deja en deuda con los ciudadanos venezolanos, dentro y fuera de nuestro país.
México deberá probar que su mediación puede triunfar donde muchas más han fracasado.
El componente más proactivo de la postura oficial de México es la propuesta de participar, junto con Uruguay, como mediador entre la Asamblea Nacional y Nicolás Maduro. Inicialmente, es algo positivo porque representa un rompimiento con la idea del gobierno de López Obrador de dejar atrás liderazgos regionales. Situaciones como esta ayudan a abrir los ojos frente a la realidad: México ya cuenta con un liderazgo regional y necesitamos echar mano de dicho liderazgo si aspiramos a tener voz alguna en los temas prioritarios para la región.
Hay dos asignaturas pendientes para demostrar que la iniciativa de mediación será seria, creíble y efectiva. Por un lado, México deberá probar que su mediación puede triunfar donde muchas más han fracasado; los intentos de mediación comenzaron desde 2015 y varios actores han intentado revivirlos. No basta con la buena voluntad: en este caso, una buena política interior no compensará los errores de una mala política exterior al momento de la mediación.
Por otro lado, México debería tomar la decisión de reconocer a la Asamblea Nacional (como de hecho ya lo hizo la Unión Europea) como una institución electa democráticamente y con la legitimidad para negociar con el gobierno de Maduro. Eso fue precisamente lo que sucedió con la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador en 1981. Hagamos uso de los ejemplos que nos ofrece nuestra tradición diplomática.
A pesar de los errores y omisiones que empañaron la esencia de nuestra postura oficial hacia la crisis política en Venezuela, debemos celebrar que, lentamente, la nueva administración se está alejando de una interpretación arcaica y obsoleta del principio de no intervención. Esta es la primera de muchas oportunidades que vendrán para rectificar el rumbo y adoptar una política exterior responsable, que responda las exigencias de un mundo complejo y una sociedad mexicana cada vez más abierta al exterior.
