De las 40 recomendaciones que realizó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) en el 2018, la mayoría fue para la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, indicó el presidente del organismo Miguel Óscar Sabido Santana, en el Congreso local.
Fueron dirigidas a un total de 28 autoridades, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 11; Fiscalía General Estado, 5 y a los presidentes municipales de Motul, Progreso y Ticul, dos cada uno.
Y las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: Secretaría de Seguridad Pública con 183; Secretaría de Educación, 29; Ayuntamiento de Kanasín, 26; la Fiscalía General del Estado, 25; Ayuntamiento de Mérida, 12; Ayuntamiento de Progreso, 11; Secretaría de Salud de Yucatán, 8; Ayuntamiento de Tekax, 6; Ayuntamiento de Hoctún, 5; y Ayuntamiento de Valladolid, 5. Al rendir su informe correspondiente al año pasado, Sabido Santana informó que interpuso ante el Ministerio Público 15 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que, además de ser presuntas violaciones de las garantías individuales, también pueden constituirse como hechos presuntamente delictivos.
También dio a conocer que 211 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados con amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales o bajas, según la gravedad de los hechos imputados.
Cabe mencionar que Sabido Santana presentó ayer su primer informe como titular del organismo, luego de su elección en enero pasado por el propio Legislativo, ya que el año pasado lo hizo como encargado.
En su exposición en el Pleno del Congreso del Estado, el presidente de la Codhey detalló que recibieron 3 mil 566 solicitudes de atención, lo que promedia 10 por día en las oficinas de Mérida, Valladolid y Tekax.
Para atender esos hechos se conformaron 3 mil 116 expedientes de orientaciones y gestiones.
En total se integraron 330 quejas, para un promedio de 20 por mes y detalló que dentro de los procedimientos de quejas se dictaron 113 medidas cautelares a un total de 18 autoridades, de las cuales 95 fueron aceptadas, es decir, el 84% de las medidas dictadas.
En su mensaje, Sabido Santana dijo que los hechos violatorios más frecuentes fueron: prestación indebida del servicio público, con 294; detención arbitraria, 215; lesiones, 187; amenazas, 81; retención ilegal, 60; robo, 60; allanamiento de morada, 52; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 51; violación a los derechos de los niños, 40; y violación del derecho de los menores a que protejan su integridad, 38.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
