En el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto se contabilizaron 2,502 agresiones en contra de periodistas y 48 asesinatos y, del gran total, el 99.13% quedan en la impunidad porque “el Estado no se investiga a sí mismo”, aseguró Ana Cristina Ruelas Serna, directora de Artículo 19 en la oficina de México y Centroamérica.
Al presentar el informe “Ante el Silencio, ni borrón ni cuenta nueva”, correspondiente al 2018, Ruelas Serna dijo que el 48% de las agresiones provienen, a nivel país, de las autoridades estatales, municipales y al final federales.
“Por ello la impunidad tiene su causa, pues el Estado no se investiga a sí mismo”, afirmó.
Acompañada por el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), Aldrín Briceño Conrado, la representante de Artículo 19 dejó en claro que las mediciones y parámetros para determinar qué es una agresión se basa en parámetros internacionales.
En el caso de Yucatán dijo que se registraron 12 agresiones el año pasado y ninguna muerte.
“El hecho de que no sean tantas no significa que haya más libertad para la prensa, ya que existen muchos mecanismos que generan censura, incluso la autocensura es una forma de vida para los periodistas, ya que existe una serie de leyes que inhiben el ejercicio de la libertad de expresión, pues te pueden llevar a la cárcel si atentas contra el honor de un servidor público”, dijo.
Sobre el caso de la votación en secreto que hicieron los diputados locales en el tema del matrimonio igualitario, Ruelas Serna dijo que los temas públicos tienen que ser públicos y más cuando tienen que ver con los derechos humanos.
Por su parte, el abogado de Artículo 19, Diego Martínez describió el ABC de la impunidad, todo ello a partir del seguimiento y análisis de los casos en los que han participado como asesores legales de los periodistas: la descalificar del periodista, la estigmatización de la discriminación, desestimización del delito, la Fiscalía especial no atrae los casos, el caso se resuelve con un detenido y no hay seguimiento, la Fiscalía no tiene un plan de investigación y duplican investigaciones, lo que la Fiscalía General lo deja en el ámbito local, que generalmente son los agresores.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
