Tras ocho meses de que arrancó la cuarta transformación, el sector Salud ha sido uno de los más golpeados, pues los recortes a las dependencias por la lucha contra la corrupción han provocado desabasto de medicamentos e inconformidad de los familiares de los pacientes, así como de los médicos quienes exigen los recursos económicos adecuados para poder desempeñar sus labores.
La primera compra consolidada de este nuevo gobierno, cuyos resultados se publicaron el 30 de junio, buscó generar ahorros y castigar a farmacéuticas que monopolizaban el mercado en pasadas administraciones. Por ello, de las tres mil claves disponibles, 62%, es decir mil 923, se declararon desiertas.
Sin embargo, pese a que el jefe del Ejecutivo vetó públicamente a empresas como Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), filial de la farmacéutica tapatía PISA, ésta obtuvo la mayoría de las partidas adjudicadas, y del medicamento de metotrexato empleado para quimioterapias.
Esto, además, repercutió en un problema de desabasto que afecto, principalmente, a pacientes con cáncer y VIH.
El Presidente aceptó que existía falta de medicinas y lo justificó con una lucha contra la corrupción.
Sin embargo, los casos de desabasto y de personal de laboratorio para la preparación de mezclas para las quimioterapias en el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Issste, evidenciaron las repercusiones que tienen estas problemáticas en los pacientes, muchos de ellos niños con cáncer.
El recorte al gasto público guillotinó 30% del personal de salud, incluyendo a médicos, enfermeras y laboratoristas, reduciendo o suspendiendo servicios en el área de urgencias o en laboratorios.
Ocho mil médicos residentes mostraron su inconformidad con un paro parcial, pues se les debían tres quincenas y se les retiró el bono sexenal. Luego, los alumnos de medicina, que realizan su internado en comunidades rurales o marginadas, se quejaron ante la amenaza de una reducción de 50% en sus becas estudiantiles.
Otra de las propuestas de la administración es la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar.
El 12 de julio, el presidente firmó un memorando en el que otorgó al Instituto del Bienestar 80 mil millones de pesos, tomados del Fondo de Gastos Catastróficos, para que iniciara sus actividades de atención a quienes no son derechohabientes del IMSS o Issste; además de preparar las reformas pertinentes a la Ley de Salud.
Dentro de los lineamientos del instituto están que los mexicanos que no tengan seguridad social tendrán derecho a la unidad médica de calidad y medicamentos gratuitos; desaparecerá el cuadro básico de medicinas.
Asimismo, se centralizará la coordinación de este Instituto y tendrá cuatro directores y cuatro coordinadores regionales.
Para el análisis y discusión de estos cambios se conformó un bloque, donde han participado exsecretarios de salud y el creador del proyecto del Seguro Popular, Julio Frenk Mora, quien alertó que el dinero otorgado del fondo de desastres podría utilizarse a discreción en los estados para privilegiar a quienes apoyen al poder en turno.
Texto y foto: Agencias
