Por Carlos Hornelas
Después de su salida de Televisa, Carlos Loret de Mola ha estado muy activo en las redes y a través de su portal electrónico. La semana pasada dio a conocer en W radio, en un reportaje de Areli Quintero, que los bienes del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlet, exceden a aquellos que incluyera en su declaración patrimonial a inicio del sexenio en, al menos, 16 veces.
El reportaje tuvo eco posteriormente en la columna de opinión de Leo Zuckerman, “Juegos de Poder” publicada en el rotativo “Excélsior” el 4 de septiembre titulada “Sobre Bartlet Bienes Raíces” en la cual el autor hace referencia a la reacción de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, que al ser cuestionada sobre el particular opinara que la investigación “se salió de contexto”.
Si acaso Loret de Mola o Areli Quintero señalaran una conducta inadecuada por parte de Bartlet, sea cual fuere, el funcionario está en todo su derecho para pedirle al medio su réplica a fin de obtener el mismo espacio en el mismo medio en el cual se divulgó esa información para exponer ante la misma audiencia sus argumentos o razones para desestimar las cuestiones que le imputan y el público en consecuencia podrá escuchar ambos lados de la historia.
Si acaso las imputaciones hechas a Bartlet por parte de Loret de Mola o Areli Quintero resultaran falsas, el afectado podría promover una demanda para exigir la reparación del daño, en el terreno de lo civil. Si se trata de una mala práctica informativa y se divulgan hechos falsos atribuidos al funcionario, ambos tendrían que responder a causa de su responsabilidad y posible dolo.
En todo caso Bartlet tendría que calcular su estrategia porque al pedir la réplica o al proceder legalmente, tendría que considerarse que, al ser un funcionario en turno, su proceder puede resultar en una especie de intimidación o censura indirecta que pudiera inhibir informaciones posteriores o complementarias a estos supuestos hallazgos en detrimento del legítimo derecho a la información que tenemos los ciudadanos.
Sin embargo, Bartlet no ha procedido en ninguna de estas direcciones. El 5 de septiembre, Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad, envió una carta dirigida a Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excélsior para quejarse de las “afirmaciones de terceros” a las que Zuckerman hace referencia en su columna. Incluso escribe “Podría entenderlo de otros que se jactan de ser periodistas y se cuelgan de las mentiras”.
Llama la atención que un empleado de la CFE salga a la defensa de un asunto que involucra de manera personal a su jefe, a Bartlet, y no tiene nada que ver con su gestión. La CFE no es el abogado personal de Bartlet ante los medios. Además, envía la carta a Excélsior cuando la fuente original es Loret de Mola.
En este sentido no sabemos si el director ha indicado a su subordinado que actúe ante los medios a nombre de la institución y extraña sobremanera que no lo haga a título propio, ¿Qué tiene que ver la CFE con la vida personal del titular? ¿Puede permitir un funcionario que la institución en la que presta sus servicios le defienda? ¿No es esto un uso faccioso y abusivo de los recursos a su encargo, que no le pertenecen? ¿Si su subordinado actuó por iniciativa propia, se le reprenderá o es su deber defender a su jefe a toda costa?
Las relaciones entre el Estado y la prensa en este sexenio se han puesto muy tensas, entre otras cosas por el desdén con el cual el presidente se ha expresado de diversos medios y periodistas. Ahora, además de despreciarlos, ¿el gobierno les va a echar a las instituciones encima?
