Ante el caso de corrupción denunciado por un colaborador de la Aduana de Progreso y expuesto por Punto Medio, el Gobierno Federal se puso en contacto desde Ciudad de México con este rotativo para ofrecer una respuesta e investigación sobre el conflicto que señala como uno de los involucrados al administrador de dicha oficina gubernamental, Guillermo César Calderón León.
Y es que a la demanda interpuesta ante diversos órganos de la administración de la Cuarta Transformación y la permisión de varias de las dependencias, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Yucatán, se suma otra contra el Órgano de Control Interno del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Según esta denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública con folio: 78294/2019, el SAT, a través del órgano mencionado, protegió a Calderón León en actos de corrupción efectuados en contubernio con otros funcionarios en la Aduana de Progreso.
Con base en esta denuncia, fue desde las oficinas centrales en Ciudad de México que se contactó a este rotativo para ofrecer la documentación de las investigaciones sobre los actos de corrupción que expusimos en la edición de ayer.
Como informamos, en pleno escenario nacional por la lucha contra la corrupción aparece un caso denunciado ante diversas autoridades en contra del administrador de la Aduana de Progreso, Guillermo César Calderón León, quien controla y cobra por el paso de mercancía no reportada e ilegal en contenedores.
Se trata de tráfico de madera sin licencia, pepino de mar, piezas de avión y especies marinas en peligro de extinción que son sacadas de la costa y tierra yucateca por el funcionario en contubernio con otros de esta misma aduana.
En la denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control en el SAT, con folio 49822, la administradora de Evaluación de Seguimiento, Verónica Rodríguez Mares, expuso la serie de irregularidades realizadas por Calderón León, en contubernio por los siguientes funcionarios de la Aduana en Progreso: el subadministrador, Luis Vergara Lope Acevedo; el jefe de Operación, Wilberth Briceño Ravell; junto con el jefe de Informática, Iván Escobar Bravo, y la jefa de Sección Aduanera, Sonia Rita María Peña Ramírez.
La manera de operar es que una vez reportado el contenedor con el operador y cuñado del administrador de nombre Alejandro Peraza, se procede a modular el contenedor sin que este sea revisado por parte de la aduana, ya que el contenedor está pagado en su totalidad por la cuota impuesta por el administrador.
Un ejemplo es que fue embargado un contenedor a nombre de la empresa “Serviexporta” con la clave de registro “MSKU9637572” porque no pagó la cuota establecida (modulado 10 mayo 2019).
Sin embargo, dos semanas después la misma empresa pagó el total de 600 mil pesos por los siguientes cuatro contenedores con las series: TGHU9849608, PONU8213219, SCMU4309431 y TRLU6894922, los cuales fueron “modulados” el 6 de junio 2019 por Serviexporta, además de que aparecen otras firmas involucradas.
Autoridades federales en Yucatán guardan silencio
En la entidad, autoridades de la llamada Cuarta Transformación permanecen en silencio luego de que saliera a la luz pública un presunto caso de corrupción en la Aduana de Progreso, con tráfico de diversos productos de forma ilegal o sin los permisos correspondientes, como la madera o el pepino de mar.
Ayer, personal de este rotativo acudió ante instancias como la Profepa y aduanales, cuyos representantes optaron por no dar información a Punto Medio, debido a que se encontraban “ocupados”.
De igual forma, al superdelegado de Programas Federales en el estado, Joaquín Díaz Mena, no se le encontró por ningún lado y no respondió para nada su número telefónico. Cabe mencionar que por lo general este funcionario aparece en pocos eventos públicos en la capital yucateca.
Por su parte, en las oficinas de la Agencia Aduanal de Progreso, principal implicada en el caso, se limitaron a informar a los representantes de este medio de comunicación que “no serán atendidos a menos de que tramiten una cita”.
Otro fue el caso de la Profepa, principal instancia federal que debe regular diversos productos, como es precisamente el caso de maderas las cuales deben estar reguladas en cuando a su manejo y salida del país.
El personal de esta dependencia solicitó dejar los datos de los motivos por los cuales personal de este medio acudió, y además indicó que por el momento no se encontraba nadie disponible, debido que estaban en junta, pero que ellos “se pondrían en contacto”.
Sin respuesta por parte de la Aduana de Progreso
Por otro lado, tras las recientes acusaciones y denuncias en contra de la Aduana de Progreso, en las que se exponen presuntos casos de corrupción respecto a carga en contenedores, no ha habido una respuesta por parte de administrativos de esta instancia federal ubicada en el puerto de Progreso.
Según se dio a conocer en una denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria con folio 49822, existe presunta corrupción solapada por parte del administrador de la Aduana, Guillermo Calderón León, a quien se acusa junto con otros administrativos de permitir el paso de material y especies prohibidas a cambio de dinero con la suma 150 mil pesos por contenedor.
De esta forma presuntamente la aduana está permitiendo el paso de contenedores con pepino de mar, maderas ilegales, piezas de avión, entre otras cargas prohibidas.
Bajo la premisa de dar cabida a todas las versiones se acudió a la aduana del puerto, para intentar obtener información por parte de los administrativos; sin embargo, el acceso fue negado, ya que es necesario contar con cita para poder ingresar a dicho edificio que se encuentra en el puerto de altura.
Igualmente se intentó contactar a la aduana vía telefónica y por medio de correo electrónico, pero no hubo respuesta alguna.
También se le preguntó al gerente de la Administración Portuaria Integral (API), Carlos Calderón Carrillo, si quería hacer una declaración sobre la situación de la aduana, mas no accedió, por lo que hasta ahora no hay comentarios por parte de administrativos de la aduana o de la API con respecto a las denuncias antes mencionadas.
Textos: Iván Duarte / David Correa
Fotos: Cortesía
