El senador de la República, Jorge Carlos Ramírez Marín, sostuvo una reunión con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, en la que pidió sumar esfuerzos para que, a través de una propuesta de la bancada del PRI en la Comisión Permanente del Congreso del Unión, los estados accedan a recursos del Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas.
“Le he traído al gobernador una propuesta que el PRI quiere hacer, en la Cámara de Senadores, en la Comisión Permanente, que es pedir a la Secretaría de Hacienda, que se use una parte, el 35%, del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas para apoyar a los estados”, detalló Ramírez Marín tras salir de la reunión en Palacio de Gobierno.
La junta tardó hora y media aproximadamente y después el senador yucateco habló con los medios de comunicación, a quienes dijo que la propuesta será presentada el próximo miércoles en la Comisión Permanente.
“Aquí se trata de reconocer que ha habido una disminución de recursos de fondos federales hacia las Entidades Federativas y, por lo tanto, como lo prevé este fondo, puede disponerse una parte de él, para suplir esa ausencia”, contó.
Si se logra ese beneficio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los estados accederían a recursos de acuerdo a sus necesidades y gestiones, dinero que será destinado a infraestructura y la salud.
“Lo que buscamos es que Hacienda distribuya la tercera parte de ese fondo entre los estados para suplir las deficiencias de ingresos que tienen, cuyo monto asciende a más de 90 mil millones de pesos”, contó el legislador federal.
Sobre los nuevos cobros a los ciudadanos, como el “derecho por seguridad”, dijo que es una decisión que tiene que tomar el estado, aunque sostiene que es ilegal y anticonstitucional.
“Yo sostengo que los impuestos que se pretenden cobrar y derechos, son ilegales, inconstitucionales, es un tema inevitable, no profundizamos pero el gobernador conoce mi postura, así como yo conozco la de ellos. Yo creo que es un tema, que ya no es de debate, sino de combate, combate judicial, si el gobierno insiste en el cobro”, afirmó.
Pero, agregó, tienen que suceder dos cosas: que la CFE diga que sí los va a cobrar o no, pues esto va a poner en un predicamento muy importante al estado, porque debe cobrarlo a través de un servicio público.
El otro servicio por medio del cual se podría cobrar es el agua potable y es tremendamente desproporcional porque prácticamente solo la ciudad de Mérida lo paga.
“Lo segundo es que si se cobra, vamos a suponer que la CFE ilegalmente decidiera cobrarlo, obviamente vendría una respuesta judicial, que es lo que estamos esperando, porque estoy seguro que el impuesto será declarado inconstitucional”, concluyó.
En la reunión estuvo presente el subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Víctor Hugo Lozano Poveda, reconocido operador político del mandatario estatal.
Texto: Esteban Cruz Obando
Fotos: Cortesía
