Al menos mil 900 trabajadores del Seguro Popular resultarán afectados con la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), por posibles despidos.
En los estados de Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo, Michoacán y de México, las autoridades locales y los propios trabajadores revelaron la incertidumbre en la que se encuentran.
En el caso de Oaxaca, aproximadamente 300 personas que formaban parte del entonces Seguro Popular señalan que, como a nivel central no se han publicado las reglas de operación, desconocen si se les renovará el contrato laboral.
En Tamaulipas, se contabilizan 220 trabajadores que todavía esperan para conocer si serán recontratados.
“No tenemos definiciones, no sabemos el presupuesto que se va a recibir, no sabemos aún nada porque la Federación no nos ha informado aún nada”, expresó la Secretaria de Salud del estado, Gloria Molina Gamboa.
En Hidalgo, desde el 1 de enero, alrededor de 350 trabajadores que conformaban la plantilla administrativa del extinto Seguro Popular se quedaron sin empleo.
Señalaron que el 31 de diciembre se les notificó que ya no serían necesarios sus servicios.
En Michoacán, las autoridades refirieron que sí prevén despidos con la puesta en marcha del Insabi.
La secretaria de Salud, Diana Celia Carpio, afirmó que la contratación de personal médico será paulatina de acuerdo al recurso que la Federación destine.
En el Estado de México serán finiquitados mil 200 trabajadores del Seguro Popular y solamente 167 de ellos, que son médicos, serán contratados por el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), que los ocupará para reforzar la atención que se da en la entidad.
El artículo 77 bis 35 de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, señala: “El Instituto de Salud para el Bienestar es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud”.
Indica que para cumplir con su objetivo de prestar servicios y asegurar el suministro de medicamentos, debe celebrar convenios jurídicos con las entidades. Sin embargo, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, puntualizó que no es obligatorio.
Afirmó que su estado no firmó el convenio para el Insabi, porque cuenta con el mejor sistema de salud del país: “(La adhesión) es de voluntad, no de obligación”.
Los otros estados gobernados por el PAN que no han firmado son Guanajuato, Baja California Sur y Aguascalientes, pero Chihuahua expresó su acuerdo. Coahuila y Veracruz también cuestionaron la falta de reglas de operación.
Texto y foto: Agencias
