La nueva Ley (nacional de justicia para adolescentes) que se pretende dictar por parte del Congreso de la Unión es una sola ley para todo el país, la cual pretende regular el sistema penal para adolescentes y esto producirá una transformación muy importante porque tendrán que abrogarse todas las leyes de adolescentes que hay en el país incluyendo la de Yucatán, para adoptar un Código único que establecerá, junto con los derechos de los adolescentes, los mecanismos procesales que los hagan responsables de la comisión de delitos.
Y esto es importante decirlo, la justicia para adolescentes es sinónimo de responsabilidad de los adolescentes, Se dice que los adolescentes no se hacen responsables de los delitos, que no se les hace nada porque no entiende que cometen daños, pero esta ley manda el mensaje contrario de que sí son responsables de los daños que cometen, que sí se les deben sancionar con penas, pero moduladas conforme a su edad, esto incluye la privación de la libertad pero con reglas especiales y esa regla especial es que sea un último recurso, es decir, que las medidas no privativas de libertad sean el primer recurso.
Es decir, a los adolescentes se les lleva a proceso, se les juzga y se les sanciona, se les establecen penas y se les castiga cuando cometen delitos graves con privación de la libertad. Los centros de internamiento son centros que tiene presos a los adolescentes, quitando los eufemismos de que los adolescentes no cometían delitos, este es un sistema de justicia que se crea para sancionar y rehabilitar y reinsertar a la sociedad a los adolescentes que cometen delitos.
Aquí en Yucatán hay un camino andado, años de experiencia, de muy buen trabajo en el ámbito de justicia reinserción social, Yucatán tiene mucho que aportar a la confección de la ley nacional porque aquí desde 2012 funciona un sistema acusatorio y oral con estas características y desde 2007 se adoptó una ley de responsabilidad penal para adolescentes que ha hecho realidad todo este esquema.
Ha habido muchas iniciativas propias de la demagogia, del populismo penal que pretenden castigar más a las personas que cometen delitos y que incitan a la reducción de la edad penal de 18 a 16 años de edad, para castigar más severamente, pero hay varias limitantes para que esto ocurra y una de ellas es la categoría "Niñez" y esta categoría en virtud de la Constitución mexicana y los Tratados internacionales termina a los 18 años y es imposible bajarlo por los compromisos que el país ha adquirido específicamente con la Convención de los Derechos del Niño, el que diga que va a proponer una reforma para reducir la edad penal no entiende absolutamente nada de la vinculación que tiene México con Tratados y Convenios como la Convención de los Derechos del Niño.
Además está claramente probado que si nosotros sancionamos más severamente a las personas, no estamos procurando la reducción de la comisión de delitos, es a través de otros medios que normalmente no son de de tipo penal, sino social, que se logra que las personas no delincan. Las personas necesitan otro tipo de medidas de apoyo: educativas, de asistencia, de trabajo, para que no se metan a la delincuencia. Si pensamos que lo penal va a sustituir a lo social estamos cometiendo un severo error, lo que hay que fortalecer es la política social del Estado mexicano y de las entidades federativas.
Es imposible hablar de una efectiva política judicial penal para adolescentes si no hay al mismo tiempo un reforzamiento de la política social a favor de los adolescentes. Con esta Ley estamos promoviendo la justicia de adolescentes para reforzar derechos, pero no para reducir la comisión de delitos, lo que realmente va a reducir que los adolescentes no sean cooptados por la delincuencia organizada va a ser la política social que se les ofrece a las personas: No hay posibilidad de tener menos adolescentes que cometan delitos si no hay más política social a favor de ellos. La Constitución estableció la categoría niñez de 0 a 12 años y el niño adolescente que va de 12 a 18 años, pero de 0 a 18 años todos son niños y son juzgados y el sistema de justicia debe estar preparado para hacerlo de forma especializada.
El castigo depende de la conducta, la forma y la circunstancia, pero nunca el castigo ideal para un adolescente va a ser privarlo de su libertad, como el de ninguna persona, menos para el de un adolescente, encerrarlo es el peor castigo para un ser humano y más para una persona que está en proceso de formación.
Tenemos que elevar la potencialidad de nuestra política social, fortalecer a las familias. Mientras no hagamos eso, más personas serán cooptadas por la delincuencia organizada. Tenemos que procurar mayores oportunidades de vida a los adolescentes.
