La decisión viola varios postulados constitucionales y vulnera la Convención de la ONU en materia de combate a la corrupción, señala la Coparmex.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, lamentó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar constitucional la consulta popular en torno a si se debe enjuiciar a los cinco expresidentes que gobernaron el país entre 1988 y 2018.
Durante rueda de prensa en línea para dar a conocer sus propuestas para la reactivación económica de Yucatán, se le preguntó su opinión sobre el veredicto de la SCJN y respondió que dicha decisión viola varios postulados constitucionales y vulnera la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de combate a la corrupción.
De acuerdo con el líder de este organismo empresarial, la consulta implica la trasgresión del artículo 13 constitucional relativo a los llamados tribunales especiales, así como el principio de taxatividad penal (que hacer referencia a la exigencia de certeza o determinación de la ley).
También consideró que el cumplimiento de la ley no debe estar sujeto a consulta o decisión popular, y los órganos públicos competentes deben ejercer atribuciones, especialmente las de investigar y en su caso perseguir los delitos, con base en elementos objetivos y sin consideraciones políticas de ninguna especie.
“La Coparmex lamenta la decisión mayoritaria de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la petición realizada por el presidente de la República, en los términos del artículo 12, fracción 1 de la Ley Federal de Consulta Popular, referente a la investigación y enjuiciamiento de los exmandatarios federales”, manifestó.
El presidente del gremio empresarial resaltó que este dictamen deja mucho que desear, pues se aparta de términos jurídicos y de principios y puntos constitucionales.
Asimismo, destacó que este proceso implica un derroche de recursos económicos innecesarios, en momentos en que las acciones de gobierno requieren atender en forma prioritaria otras necesidades de la población, como es el hacer frente a la pandemia derivada del COVID-19.
“Es lamentable que se pretenda destinar recursos para esta consulta, cuando hay otras prioridades como el reforzar el sector salud, apoyo para las empresas que se han visto afectadas por la crisis actual, y otras obras que se requieren en el país, que pudieran generar miles de empleos”, aseveró.
De Hoyos Walther reiteró que son los órganos competentes los que deben cumplir con sus atribuciones, con elementos, pruebas, evidencias e indicios de exfuncionarios que hayan incurrido en algún delito o desvío de recursos públicos.
“Respetamos la decisión adoptada por el máximo tribunal del país; sin embargo, disentimos del criterio adoptado de la mayoría de los ministros para aprobar esta consulta”, finalizó.
Difícil panorama para el sector empresarial
A un mes de la puesta en marcha del Plan de Reactivación Económica en Yucatán, el presidente de la Coparmex Mérida, Fernando Ponce Díaz, consideró que a pesar de que este proceso ha sido lento y difícil, se ha logrado el objetivo principal, que es disminuir los contagios y el número de muertes por COVID-19 en la entidad.
Ante la posibilidad de un nuevo brote de esta enfermedad, indicó que desde este sector han mantenido los protocolos y medidas sanitarias no solo para cuidar al personal que labora en estas empresas, sino también a los clientes, con el fin de evitar que se sigan dando más contagios; no obstante, hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar los brazos y mantener la sana distancia, usar el cubrebocas y lavarse las manos de manera constante.
Durante el encuentro virtual, en el que también participaron dirigentes nacionales y regionales, Ponce Díaz resaltó que, a raíz de la pandemia, en Yucatán se perdieron 24 mil 223 empleos formales entre marzo y julio, es decir el 6% de todo el empleo formal del estado.
“En agosto se recuperaron 525 mil empleos en la entidad, apenas el 2% de lo que se perdió, por lo que aún quedan 23 mil 698 empleos por recuperar”, manifestó.
De igual forma reveló que por cada empleo formal hay casi dos informales, por lo que se estima un total de 60 mil empleos perdidos por la pandemia, lo que coloca a la entidad en el lugar 12 a nivel nacional en cuanto al porcentaje de empleos perdidos.
De todas las entidades federativas del país, Yucatán ha sido la que más ha restringido su movilidad, la cual bajó hasta en un 70 % y ahora está en un 30 %, lo que ha dado buenos resultados.
Respecto al gobierno estatal, aseveró que éste se vio en la necesidad de usar los recursos destinados a otros rubros para hacer frente a la crisis sanitaria, lo que ha ocasionado que la recaudación no se logre, por lo que será un reto cubrir esta diferencia, sin dañar la situación económica de las empresas.
También dijo que el Ejecutivo estatal ha hecho un recorte de 995 millones de pesos y ha tomado acciones adicionales por 428 millones de pesos, al mismo tiempo se ha ido administrando en los gastos, por lo que hay renglones como el de la inversión pública en el que apenas se llevan invertido 68.2 millones de los 442.4 presupuestados.
“Estamos ante un presupuesto similar al del año pasado, que fue 3% menor en comparación con el 2018, por lo que no habrá margen de maniobra para que el Gobierno del Estado pueda operar; sin embargo, sería lamentable que pretendan poner nuevos impuestos que afecten al sector empresarial”, expresó.
Por otra parte reconoció que si bien el proyecto del Tren Maya impacta en la economía de Yucatán, no así en el margen de maniobra del Gobierno estatal.
Ponce Díaz subrayó que a pesar de que la entidad registró un crecimiento en el primer trimestre del año del 1% con respecto al 2019, la brecha de este dinamismo se ha deteriorado junto con el resto de la economía nacional, pues se prevé una contracción mayor al resto del país debido a la composición de su economía en las actividades primarias y secundarias.
Asimismo, expuso que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sigue avanzando con el proyecto de reactivación que firmaron con el Gobierno del Estado, por lo que se mantienen unidos; sin embargo, se manifestó respetuoso de la postura de otras cámaras que han expuesto algunas inconformidades en cuanto al plan de movilidad, como la de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco-Servytur).
En su intervención, el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, enfatizó la necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización, poner fin al centralismo hacendario y transitar a un federalismo hacendario que permita generar un balance y un respiro al sector empresarial.
“Es urgente balancear la distribución de recursos destinados a participaciones para estados y municipios que actualmente es del 20%, y 80% el resto del gasto, para que se pueda pasar al 70% y 30% respectivamente”, aseguró.
A su vez, José Medina Mora Icaza, secretario general de la Coparmex, presentó algunas propuestas a mediano y largo plazos para la reactivación económica, como desarrollar un programa de depreciación acelerada para promover la inversión del sector privado, incentivar proyectos de infraestructura energética a largo plazo, así como implementar un Consejo Fiscal Independiente.
En ese sentido, Carlos Leandro Osorio Rosado, presidente de la Coparmex de Valladolid, propuso que para poder reactivar la economía en esa ciudad, se elaboren estrategias en coordinación con las autoridades estatales y municipales que impulsen el aeropuerto de Kaua, así como el Parque Industrial de la zona, que alberga tres maquiladoras que generan empleos.
Texto: Georgina Bacelis
