CARLOS HORNELAS
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En la Cámara de Diputados reside la posibilidad de que finalmente se despenalice la producción y consumo de marihuana en México. Durante años los partidarios de esta causa han argumentado que el paradigma prohibicionista ha causado violencia y muerte a partir de las actividades delictivas con las que se le asocia.
El cambio, sin embargo, no está libre de diversas cuestiones que tendrían que ser reconsideradas.
En primer lugar, el hecho de que finalmente se reconoce tácitamente que nuestro país ha dejado de ser exclusivamente productor y se ha transformado paulatinamente en las últimas décadas en consumidor. Si se decía que servíamos únicamente como aduana de tránsito o trampolín de la alberca del consumo, el agua nos ha llegado a los aparejos.
La nueva perspectiva ubica al problema como un aspecto de salud pública y un derecho del libre desarrollo de la personalidad.
Como problema sanitario llega en mal momento porque con la pandemia se ha evidenciado la fragilidad del sistema de salud, pues las instituciones existentes y la distribución de medicamentos, simplemente no cubren la demanda existente y las quejas sobre la calidad del servicio no dejan de acumularse. En el futuro inmediato con la llegada del invierno simplemente no se ve una salida franca, sino todo lo contrario.
En lo que respecta a los campesinos que producen la planta, si bien es cierto han sido criminalizados, e incluso encarcelados, se tendría que tomar en cuenta que su decisión por cultivar la sustancia se debe al menos a dos frentes. Por un lado, el poder de fuego de los grupos criminales que les obligan a hacerlo bajo la célebre y terrible consigna de “o plata o plomo”.
O bien, se han dedicado por propia iniciativa al cultivo debido a que los productos que han comerciado en el pasado no han resultado tan redituables. Mientras en países desarrollados como Estados Unidos el sector agropecuario está fuertemente subsidiado, en nuestro país su atraso se evidencia todos los días.
Asimismo, puede cuestionarse a aquellos que señalan que la despenalización puede bajar la incidencia de la criminalidad en el país. En este caso se parte de la premisa ingenua de que los narcotraficantes solamente obtienen ganancias de este producto, cuando están verdaderamente diversificados. Aceptando sin conceder que así fuera es difícil pensar que una vez que se concrete la iniciativa bajaran la cortina de su negocio. La historia también ha demostrado que el crimen organizado solo cambia de giro. Si los delincuentes han perfeccionado sus redes de operación, han invertido en infraestructura, soborno a funcionarios, rutas de trasiego y un arsenal que cuida sus bienes, es hasta cierto punto pueril que no utilizarán dichos recursos para traficar ahora con otro producto, llámese fentanilo, heroína o trata de personas.
En el mismo sentido suena también poco probable que la violencia entre carteles adversarios se detenga. Esta posición ignora que, lamentablemente, el narco ha trastocado instituciones tan sólidas como las policías locales, las fuerzas federales y hasta el Ejército si atendemos a los trabajos periodísticos publicados al respecto.
En California, en donde la venta al público se inició con pequeños dispensarios, en los últimos años se han venido consolidando grupos económicos alrededor de este producto que ya se comportan económicamente como verdaderos corporativos en busca de asentar un monopolio. Así que esto no acaba con el problema, simplemente lo modifica.
