Las 11 compañías acusadas por el gobierno de AMLO señalan que su unión responde a la búsqueda de minimizar cargas de trabajo
Los fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos, a los que México demandó por considerarlos responsables del “comercio negligente” que terminan en manos de la delincuencia en territorio mexicano, enfrentarán juntos la acusación, decidió un juez federal.
El gobierno mexicano anunció en agosto pasado que había presentado una demanda civil en Estados Unidos con el objetivo de que los fabricantes de armas reparen económicamente el daño causado por la introducción ilegal de armas.
“Los acusados diseñan estas armas para que se modifiquen fácilmente para disparar automáticamente y sean fácilmente transferibles en el mercado criminal en México”, señala la demanda presentada en la corte de Distrito de Massachusetts.
En respuesta, los demandados solicitaron responder en bloque.
El pasado 31 de agosto, Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta USA Corp; Beretta Holdings S.P.A; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock, Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm; Ruger &Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc., y D/B/A Interstate Arms, presentaron su solicitud a la corte, señalando que “para minimizar la carga a las Partes y a la Corte”, así como para “simplificar la presentación de argumentos, y en reconocimiento de la complejidad de las acusaciones”, se acordó que los acusados respondan en bloque “con un memorándum legal conjunto”, que deberá ser presentado antes del 22 de noviembre.
La moción no deberá exceder las 45 páginas.
Aun así, los demandantes señalan que pueden presentar “memorándums suplementarios individuales para respaldar sus mociones”, antes o a más tardar el 22 de noviembre.
El mismo documento señala que la parte demandante puede responder con un documento no mayor a 45 páginas y que tiene para hacerlo hasta el 31 de enero de 2022. El pasado 17 de septiembre, el juez federal F- Dennis Saylor aceptó la moción de los demandados.
Por otro lado, la diputada de Morena, María Guadalupe Román Ávila, impulsa una iniciativa para que la prisión preventiva oficiosa proceda en los delitos cometidos con réplicas de armas de fuego.
Se trata de una reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que busca considerar como medio violento que amerite prisión preventiva oficiosa el empleo de objetos que tengan la apariencia o imiten un arma de fuego o explosivo y que se utilicen para amagar o intimidar a la víctima.
Texto y foto: Agencias
