El juez peruano Rafael Martínez resolvió el sábado, tras casi tres meses de una audiencia maratónica, abrir un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato a más de 1,300 mujeres, en su mayoría pobres e indígenas.
En la decimoquinta sesión de la audiencia de lectura de resolución, que comenzó el 14 de setiembre, el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional desveló finalmente su fallo y acabó así con la incertidumbre de las víctimas, que llevan 25 años a la espera de Justicia. Martínez decidió investigar en sede judicial a Fujimori y a sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quien actualmente es congresista del partido fujimorista Fuerza Popular, como autores mediatos (con dominio del hecho) del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos.
Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, donde se incrementó ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.
Durante ese periodo fueron esterilizadas cerca de 300,000 personas, entre ellas más de 272,000 mujeres y unos 22,000 hombres, según los reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas.
Texto y foto: EFE
