Las modificaciones a la Ley de Notariado de Yucatán deben ser la punta de lanza para una reforma de gran calado en el que la finalidad sea abaratar el costo de ese servicio, que da fe y certeza a las enajenaciones de bienes entre particulares, coincidieron los diputados Gaspar Quintal Parra y Víctor Hugo Lozano Poveda.
De entrada, señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Lozano Poveda, lo que este miércoles se someterá al Pleno es únicamente el aumento de notarios en la entidad, que, de 100, llegarán a 150.
“Hasta ahora es lo único que sucederá con esta reforma, en caso de aprobarse, el mecanismo de asignación, que es facultad del Ejecutivo, se mantiene”, aseguró.
Por su parte, el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI, Gaspar Quintal Parra, aseguró que este aumento de notarios se da en el marco de la desaparición de los escribanos públicos, que atendía en actos de certeza y buena fe a los ciudadanos de municipios pequeños, por lo que para apoyar a esas personas hay que procurar que los notarios ofrezcan sus servicios con una “tarifa social”.
“Los servicios que ofrecen los notarios, como es dar fe legal de la enajenación de bienes lo debe dar el estado, pero se las han delegado, por lo tanto, es un servicio que se puede regular, bien nosotros como legisladores o bien el Ejecutivo regulando los precios. Es, además, un derecho humano acceder a la fe pública, por lo que se puede establecer una tarifa social, como sucede en otros servicios públicos que están dirigidas a las personas más pobres”, explicó.
Indicó que el notariado debe verse desde una función social, más que desde una función económica, por lo que es importante que esos servicios sean accesibles a toda la población en cuanto a precios.
Texto y foto: Esteban Cruz O.
