· El Juzgado Mixto de Tekax fue el que más órdenes de protección a mujeres otorgó
· Poder Judicial exhorta a reforzar políticas públicas para prevenir casos de violencia
Un dato que refleja claramente cómo se ha incrementando la comisión de delitos como el narcomenudeo, el robo, las lesiones y el daño en propiedad ajena en los alrededores de la capital yucateca es el que, en el marco del Informe Anual de Actividades del Poder Judicial correspondiente al ejercicio anual 2021, dio a conocer el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Ávila Heredia, quien recalcó que en los Juzgados de Control de los municipios de Umán y Kanasín se ha reflejado un considerable aumento de asuntos de conocimiento de los jueces.
Además de los delitos antes señalados, también son considerados como de los más comunes en las causas iniciadas los de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y temas de violencia en el seno de la familia. En este rubro importante es señalar que, de las 152 órdenes de protección de emergencia que conforme a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Yucatán, otorgaron los jueces de control de oralidad familiar y mixtos, la mayoría correspondieron al Juzgado Mixto de Tekax.
Por esta situación, inclusive se exhortó a las autoridades estatales y municipales a reforzar las políticas públicas focalizadas para prevenir casos de violencia, a la vez que se ha elaborado un estudio para que, “en la medida que el presupuesto lo permita”, se pueda crear un juzgado especializado para la atención de estos asuntos y posibilitar un mayor acercamiento para la realización de estos trámites procesales
En otro momento del informe, el cual fue aprobado ayer por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en Sesión extraordinaria con carácter de solemne, el magistrado Ávila Heredia, destacó que es necesario, y que inclusive se han presentado solicitudes presupuestales, reforzar a los nueve juzgados mixtos que funcionan en Progreso, Umán, Kanasín, Motul, Izamal, Tekax, Ticul, Valladolid y Tizimín, en los que, en 2021, se iniciaron 7 mil 617 expedientes y se concluyeron 7 mil 098.
Del total de asuntos que se ventilaron en estos juzgados, el 78 por ciento de los casos que se inician corresponden a la materia familiar, por lo que se habló de la importancia de pensar ya en la creación de nuevos juzgados mixtos en municipios más alejados de la capital yucateca para garantizar un mayor acceso a la justicia.
“No quitaremos el dedo del renglón para este fin”, subrayó Ávila Heredia, quien detalló que en 2021 en los juzgados de primera instancia, incluyendo los de Mérida, iniciaron 25 mil 181 asuntos y se concluyeron 26 mil 252 en todas las materias: familiar, civil, mercantil y penal, incluyendo al Sistema Especializado para Adolescentes.
Esta última cifra incluye asuntos iniciados en años previos. Aunque en Yucatán ya opera de manera completa el Sistema Penal Acusatorio y Oral, aún quedan pendientes causas penales que se iniciaron antes y que en la actualidad continúan desahogándose en tres juzgados que mantienen la metodología tradicional anterior. En estos juzgados, ubicados uno en Mérida y dos en el interior del estado, se concluyeron en 2021 un total de 251 asuntos.
En juzgados de segunda instancia, que son los que reciben apelaciones sobre decisiones de primera instancia, los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia en sus diferentes salas concluyeron mil 954 asuntos, mientras que en materia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, iniciaron en 2021 un total de mil 103 causas.
El magistrado Ávila Heredia destacó que la solicitud de aplicación de mecanismos como la mediación creció un 57 por ciento en comparación con el año pasado, pues en el 2021 en el Centro Estatal de Solución de Controversias iniciaron 2 mil 208 expedientes, la mayoría relacionados con asuntos de índole familiar. De estos concluyeron 2 mil 192 de los cuales en un 76 por ciento llegaron a un acuerdo satisfactorio.
“Estamos haciendo todos los esfuerzos y ajustes necesarios para que en la medida de que – en la medida de nuestro presupuesto autorizado-, aceleremos el ritmo para abatir los rezagos y también para prepararnos para los nuevos retos como lo es la entrada en vigor de las reformas en materia de justicia laboral con la instalación del Sistema Jurisdiccional respectivo, así como el diseño e implementación de nuevas herramientas tecnológicas que den seguimiento a nuestro proyecto de justicia digital”, subrayó.
En este sentido, dijo que ejemplo de estas mejoras que impulsa el Poder Judicial es la iniciativa de Reformas a su Ley Orgánica que se hizo llegar al Congreso del Estado y que se aprobó en 2021, lo que permitió hacer algunos ajustes en la conformación de los órganos jurisdiccionales a fin de hacer más eficiente la distribución del trabajo y garantizar la perspectiva de género.
En su informe, el magistrado destacó que, en lo que respecta a la cuenta pública correspondiente al 2021, fue entregada en tiempo y forma a la Auditoría Superior de Yucatán, sin que esta instancia haya efectuado observaciones a la misma.
“Las instancias fiscalizadoras confirman que en el Poder Judicial se actúa con profesionalismo, austeridad y legalidad en el ejercicio del presupuesto asignado, ya que los procesos de adquisición se realizan de manera abierta con la participación de los miembros que integran el Comité de Adquisiciones, servicios y Obra Pública”, manifestó Ávila Heredia, quien recordó que en estos momentos se invierten 3 millones de pesos en las obras de mantenimiento y conservación de la estructura y cubierta del recinto del Tribunal Superior de Justicia.
En cuanto a la calidad de los servicios y atención que se ofrecen en el Centro Estatal de Solución de Controversias o Centro de Mediación, el magistrado comentó que se solicitó una auditoría externa, que se tradujo en el refrendo del certificado se cumplimiento de la norma ISO.
Respecto a la información pública por mandato de ley, las unidades respectivas, tanto del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, recibieron 582 solicitudes por parte de los ciudadanos, las cuales se atendieron al 100%.
El magistrado informó que, de cara a la sociedad, en 2021 el Consejo de la Judicatura retomó el programa de Mesas de Atención Ciudadana, que tiene como objetivo la escucha ciudadana y de personal de los órganos jurisdiccionales y administrativos, a efecto de detectar áreas de mejora para una mayor eficiencia de la administración de justicia, y aunque permanecieron las restricciones conocidas a consecuencia de la pandemia, se lograron realizar en una modalidad híbrida en los Juzgados Sexto y Séptimo de Oralidad Familiar en Mérida, y en los Juzgados Mixtos y de Control ubicados en el municipio de Progreso.
Inclusive, añadió, en estas circunstancias de austeridad presupuestal y pandemia en 2021, el Poder Judicial, a través del Tribunal Superior de Justicia, recibió de nuevo la certificación en el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles que otorga la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, organismo de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, por el cumplimiento de los estándares requeridos para la correcta implementación de los juicios orales mercantiles, a través de acciones de mejora regulatoria para asegurar una impartición de justicia de calidad, pronta y expedita en la materia.
Finalmente, expuso que, conforme las condiciones sanitarias lo permitieron, se fueron regularizando en 2021, de manera progresiva, todas las actividades de los tribunales del Poder Judicial, con miras a la recuperación plena de sus responsabilidades, que, a la fecha, funcionan con regularidad.
Texto y fotos:
Manuel Pool / Cortesía
