La agrupación Uady Sin Acoso, que encabeza Rosa Cruz Pech, presentó el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia, basado en el género y discriminación en la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), en el que destaca la realización de quejas colectivas, ya que en ocasiones el presunto acosador hostiga a varias personas, así, durante las entrevistas a las víctimas no estén repitiendo todo el caso y que no prescriba en un año, entre otros.
Durante la presentación efectuada en el auditorio Manuel Cepeda Peraza, del edificio central de la Máxima Casa de Estudios, Cruz Pech señaló que como estudiantes no pueden presentar iniciativas ante el Consejo Universitario, pero para ello contaron con el apoyo del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi).
Señaló que esperan que en la próxima Sesión del Consejo Universitario se someta a votación el documento y sea aprobado.
Explicó que para la realización del Protocolo, solicitaron información a la Uady sobre casos de quejas a partir del 2019, año en el que hubo 40 casos, de los cuales 36 procedieron como acoso sexual, pero que el colectivo registró más de 500.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Yucatán ocupa el tercer lugar en prevalencia de violencia en el ámbito educativo.
Sobre el protocolo, Cruz Pech dijo que el actual Protocolo tiene muchas barreras que inhiben su implementación, “para explicar la denuncia tiene que ser como máximo en 500 caracteres, es decir, lo que son dos tuits, provocando la revictimización, además se debe contar con una capacidad de síntesis”.
La activista indicó que, actualmente para quejarse hay una ventanilla única, por lo que el colectivo “Uady Sin Acoso” propone que la denuncia se realice de tres maneras: presencial, en ventanilla y por correo electrónico.
Detalló que también buscan que existan las quejas colectivas, porque se ha dado casos de que un profesor ha acosado a varias alumnas, pero las denuncias se hacen de forma individual.
Explicó Rosa Cruz que las entrevistas que se realizan a las víctimas, luego de que se haga la primera no deberá repetirse, y en el último de los casos que solo sea para aclarar los puntos donde se tengan dudas, y se profundice, “es cansado volver a decir todo, si ya lo leyeron, en una diligencia que puede tardar cuatro horas”.
En la diligencia debe participar personal del área legal y psicológica.
La activista también dijo que los menores de edad deben estar acompañados de sus padres o de un tutor.
Indicó que es importante usar el criterio y la forma de pensar de las personas, no es lo mismo que una persona universitaria le den una nalgada “y sabe cómo actuar”, a una niña, que incluso hasta podría sentirse culpable, “no se puede minimizar estas agresiones”.
En su intervención, María Paula Balam, titular del Centro por la Justicia Democrática a Igualdad (Cejudi) y asesora del proyecto, hizo un recuento del protocolo vigente desde 2019.
Se reportaron 40 casos, de los cuales 36 estaban relacionados con violencia de índole sexual, 23 de ellos reportados en 2019, 15 en 2020, y dos en 2021, y aclaró que las cifras corresponden hasta el cierre del ciclo escolar 2020-2021, por lo que podrían ser más, cuando se incluya el curso anterior (2021-2022). Además, reveló que en ese mismo lapso (2019-2021) correspondiente a dos ciclos completos, en Uady Sin Acoso se atendieron más de 50 casos.
Para María Balam esa marcada diferencia de los datos indica que “no se están llevando los procesos adecuados”, además de “la desconfianza y el miedo” que las víctimas les tienen a las autoridades universitarias.
Texto y foto: Darwin Ail
