En sesión, nueve de los 11 ministros avalan la autenticidad de la reforma sobre los deudores alimentarios, aprobada por unanimidad el 31 de mayo de 2022
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 98/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Cndh), demandando la invalidez de diversas disposiciones a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, Transparencia, Acceso a la Información Pública, Partidos Políticos y el Código de la Administración Pública todas del estado de Yucatán, en el tema de deudores alimentarios.
En dicha sesión, nueve de los 11 ministros reconocieron la validez de la reforma a las leyes antes mencionadas sobre deudores alimentarios, conocida como la Ley 3 de 3, la cual fue aprobada por unanimidad el 31 de mayo del 2022 por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán en Sesión Ordinaria.
La Corte consideró infundados los argumentos de la Cndh y descartó la acción de inconstitucionalidad presentada.
En su decisión, la Suprema Corte destacó que el contenido de la reforma tiene un fin constitucionalmente legítimo, además de no impedir el acceso a cargos públicos.
“Las diputadas y diputados que conforman la actual Legislatura están trabajando para mejorar las leyes que permitan que las niñas, niños, adolescentes y mujeres tengan una mejor calidad de vida y libre de violencia, por lo que refrendan su compromiso de seguir trabajando privilegiando el diálogo y el consenso entre las fuerzas políticas que la integran”, indicó en un comunicado el Congreso del Estado.
Triunfó el activismo y la ciudadanía
La diputada de MC, Vida Gómez, dijo que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara constitucional la Ley 3 de 3 contra la violencia de género en Yucatán, es un triunfo del activismo y la ciudadanía.
La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano recordó que esta reforma legal fue presentada por ella como iniciativa en el Congreso, a partir de un trabajo conjunto de Amisy, activistas, estudiantes de derecho, personas del ámbito académico y víctimas de violencia de género, y fue aprobada por unanimidad en la Legislatura estatal.
La propuesta fue presentada “con el respaldo de firmas de muchísimas personas que en distintos espacios públicos se sumaban, en todo momento fue un trabajo en equipo con la sociedad civil organizada, tanto en la presentación de la iniciativa, como en la discusión en comisiones, y también hizo un acompañamiento posterior a la aprobación en el Congreso del Estado”, destacó.
Explicó que a partir de esta validación constitucional no hay marcha atrás.
“Ninguna persona con antecedentes penales de violencia de género o deudores alimentarios puedan acceder a cargos de elección popular, o ser magistrados del Tribunal Superior de Justicia o consejeros de la Judicatura, o ser titular de dependencias del Poder Ejecutivo en Yucatán”, indicó.
Texto: Esteban Cruz Obando
Foto: Cortesía
