En sus tres años de existencia, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no hizo explícita la asignación de recursos de los convenios firmados con los estados que se adhirieron a esta estrategia, lo que impidió garantías a la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos.
En un análisis realizado el año pasado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al sistema de salud en el país, se indica que el instrumento que suplió en 2019 al Seguro Popular, criticado por el gobierno federal, tampoco dio garantías de una atención con calidad homologada en las entidades adheridas.
“A la fecha, no se han hecho explícitos los criterios de cálculo y asignación de los recursos que se establecen en los convenios firmados con las entidades federativas para la asignación de financiamiento, de manera que se garantice la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en cada estado y que estos criterios son homogéneos a todas las entidades federativas sin importar los acuerdos políticos de adhesión a los que se hayan llegado”, señala el Coneval.
En su reporte Evaluación estratégica de salud, publicado en octubre, el consejo destaca que el Insabi proponía un modelo de atención que era excluyente.
“El Insabi plantea un modelo de salud que, en esencia, no debería excluir la atención de enfermedades y medicamentos para la población sin seguridad social, a través de la implementación progresiva de redes integradas de servicios de salud”, señala el reporte del Coneval.
Con la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi fue eliminado el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), en el que estaban previstas cirugías y medicamentos.
Texto y foto: Agencias