El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya explicó hasta el cansancio, principalmente en las conferencias mañaneras, la acción de tomar las instalaciones de Ferrosur, de Grupo México, para integrarlos a uno de sus proyectos estrellas: el corredor transoceánico del Itsmo de Tehuantepec.
Más concretamente, la semana pasada se informó en el Diario Oficial que un tramo del ferrocarril de Ferrosur S.A., en Coatzacoalcos, Veracruz, fue considerado “de utilidad pública” y transferido a una entidad gubernamental denominada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que será operada por la Armada de México.
Se trata de una acción válida en todo el mundo, pero aquí en México, la oposición y dirigentes empresariales han salido a criticar el mecanismo por el que el Gobierno Federal recuperó, para utilidad pública, poco más de 150 kilómetros de vías férreas entre Coatzacoalcos y Medias Aguas.
Hay claramente dos posiciones en este caso y el de oposición es claro, pues con el argumento de una expropiación, que no lo es, pues son concesiones que recuperó el Estado Mexicano, ahora van a revivir que AMLO es un peligro para México.
Por su parte, los líderes empresariales han soltado el argumento de que la seguridad jurídica está en entredicho y la inversión extranjera directa se podría frenar. Sí, leyó bien. Se podría frenar, no es un hecho y no está pasado.
Una y otra vez en entrevistas de radio y televisión, el líder de la Coparmex, José Medina Mora, ha soltado la versión de que las inversiones se han alejado, pero sin dar mayores datos.
En este tema falta mucho que ver, así que hay que analizar muy bien lo que se hace en ambos bandos. Ya lo veremos.
