Dentro de toda la movilidad humana que se percibe en la ciudad fronteriza de Tijuana, hay un sector que desde hace varios años se ha mantenido constante: los desplazados por la violencia interna en estados como Michoacán y Guerrero, quienes han acaparado los albergues fronterizos, reflejo del exponencial crecimiento del crimen organizado en esa región del suroeste del país.
Así lo explicó ayer José María García Lara, director del albergue Juventud 2000, ubicado a solo un kilómetro del puerto fronterizo de San Ysidro, que da entrada a Estados Unidos.
“Desafortunadamente no ha bajado la llegada de migrantes de Michoacán y Guerrero al albergue, y creo que en los demás albergues sigue sucediendo la misma situación, ya que no se ha logrado controlar esta problemática de inseguridad y desplazamiento forzado”, subrayó en una entrevista con EFE.
El mayor porcentaje de los migrantes que ahí se albergan son desplazados mexicanos, entre ellos varias madres solteras jóvenes y muchos niños y adolescentes, a quienes sacaron de sus pueblos por temor de que fueran a reclutarlos.
El activista resaltó que, si bien, hace dos años se vio una oleada masiva de personas desplazadas de estos estados, “eso no significa que esta situación se haya terminado o que se hayan solucionado los problemas en aquellos estados”, sino al contrario, “porque ahora están saliendo también personas por desplazamiento forzado de la comunidad de Chiapas”.
“Esto pareciera no terminar, siguen llegando, no en la misma cantidad que antes, pero no dejan de llegar personas y familias diariamente de esos estados y eso habla mucho de la situación que se vive en aquella región del país”, indicó.
Amenazas de muerte, cobros de piso, secuestro, extorsiones, asesinatos y desapariciones son solo algunos de los factores por los que familias y hasta comunidades enteras han tenido que dejar sus hogares y sus patrimonios.
Texto y foto: Efe
