Carlos Hornelas
carlos.hornelas@gmail.com
Al presidente López Obrador le molesta todo cuanto no ha pasado por su visto bueno. Parece que quisiera que se le consultara absolutamente todo y se piensa a sí mismo como infalible e indispensable para cuanta tarea tiene el Estado. Un ejemplo de esto son las afirmaciones que ha hecho en días recientes sobre el presupuesto del INE.
Para el primer mandatario el monto de operación del año electoral “es mucho y que podría ahorrarse como 10,000 millones de pesos. Hay muchas carencias, muchas necesidades”.
Las declaraciones tienen un supuesto dejo de preocupación por el dispendio y una especie de chantaje que sugiere que dicho recurso podría ocuparse en otras cosas para cubrir “muchas necesidades” como si hablase de las necesidades del “pueblo”.
Pensemos por un momento que efectivamente el jefe del ejecutivo tuviera la facultad (que no la tiene constitucionalmente hablando), de ordenar el recorte que propone.
Que pudiese decidir cubrir con ese monto algunas de las necesidades del pueblo. Por necesidad lo tendría que hacer en el 2024. Es decir, que lo que esconde esta frase es que le parece mejor que él decida de manera discrecional a quienes repartirle ese “ahorro” en un año electoral. En otras palabras, le duele no ser el principal promotor de programas asistenciales en un año electoral.
Si realmente se preocupara por ello, podría haberle dicho o negociado o propuesto o declarado a sus compañeros de partido en la Cámara de Diputados que en algo que es de su exclusiva competencia, que es el presupuesto de egresos, fuera más distributivo cuando había la oportunidad de hacerlo puesto que son mayoría en la Cámara.
Hablando de eso ¿cómo se reparte el presupuesto para el año electoral en los partidos políticos?
Como se sabe, por mandato Constitucional, el Artículo 41 establece que el monto a distribuir para las actividades políticas de los partidos se calcula del del siguiente modo: el producto de la cantidad de electores que constituyen el padrón por 65% de la unidad de medida (UMA). Y aquí viene algo de suma importancia para considerar, resulta que en este mismo artículo se establece que este monto deberá repartirse de forma desigual en dos porcentajes: 30% de manera igualitaria a todos los partidos políticos en general y 70% de ese monto le toca al instituto político que, de acuerdo con la cantidad de votos de diputados de la elección inmediata anterior haya sido el más votado, en este caso a Morena. En otras palabras, recibe más dinero el partido más fuerte en la Cámara.
Si les preocupa tanto qué se hace con este dinero, podrían haber modificado este artículo para que la distribución fuera más equitativa o para que se redujera el monto, mas no lo hicieron, aunque son mayoría. Prometer no cuesta nada, dar es lo que aniquila.
En 2024 Morena recibirá la friolera cantidad de 3 mil 159 millones 047 mil pesos para gastos de campaña; 2 mil 046 millones 136 mil 156 pesos para actividades ordinarias; 198 millones 201 mil 617 pesos para “actividades específicas”; 198 millones 293 mil 617 pesos para franquicia postal y 693 mil 490 pesos para gastos de franquicia telegráfica. Es el partido que más recursos recibirá y que pudo haber promovido el recorte de dichas cantidades.
Contrario a lo que demagógicamente dice el presidente, sus “corcholatas” hacen giras y eventos en un período que no existe en la ley y que por lo tanto no entra en este presupuesto. Algo que incluso es previo a las precampañas. Un período que nos cuesta y como es extraordinario, no admite fiscalización legal por parte de ningún órgano y termina por incrementar el gasto electoral, lo hace opaco y susceptible a la corrupción y al clientelismo. Lo barato sale caro.