Editorial de Peninsular Punto Medio

Desde hace algún tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está enfrentada abiertamente contra los proyectos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues sus integrantes han votado en contra de algunas leyes promovidas por la 4T, entre ellas las relativas a la reforma electoral.

Está claro que defendieron los preceptos constitucionales, aunque no le guste a la gente en el poder, incluyendo al mandatario federal. Es decir, cumplieron con su trabajo, lo cual no se discute.

Pero ayer trascendió que el ministro Luis María Aguilar Morales había enlistado una ponencia que proponía retirar del cargo a López Obrador, pues, según su texto, no cumplió con dar respuesta en el caso de la magistrada María Bárbara Templos, de TFJA, por omitir dar respuesta a la solicitud de ratificación por 10 años.

El ministro iba a proponer a SCJN que el presidente de México fuera separado del cargo del Poder Ejecutivo Federal, en defensa de la quejosa.

Sin embargo, momentos antes de la sesión de trabajo se retiró la propuesta por el propio ministro Aguilar Morales, sin dar mayores explicaciones.

¿Es una amenaza directa contra López Obrador por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Quizás es una respuesta a las expresiones frecuentes del presidente contra los ministros? ¿Pretende la Corte reeditar el desafuero contra López Obrador del 2005?

La verdad, no lo sabemos, pero hay que preguntárselo. Queda claro que el supremo poder constitucional tiene armas para enfrentar al presidente López Obrador. Sólo que, como aquella vez, el tabasqueño tiene mucho pueblo de respaldo y no hay necesidad, a un año de las elecciones, de sacar a la gente a las calles para defender al mandatario federal.