Un juez federal en Texas ordenó ayer al gobierno estatal retirar una barrera de boyas instalada sobre el Río Grande, en la frontera sur de Estados Unidos, antes del 15 de septiembre.
El magistrado David Ezra, del distrito oeste de Texas, señaló en su fallo que la barrera, de 300 metros de longitud, constituye una “obstrucción a la capacidad navegable” del Río Grande, y reprendió al gobierno estatal, republicano, por no haber solicitado autorización federal antes de instalarla.
“La conducta de Texas perjudica irreparablemente la seguridad pública, la navegación y las operaciones de funcionarios de agencias federales en el Río Grande y sus alrededores”, subrayó el juez.
El fallo también prohíbe a Texas volver a instalar boyas “o cualquier tipo de estructura” sobre el río, lo que supone una victoria para el Gobierno de Joe Biden, que presentó la demanda
inicial en el tribunal en contra de la barrera flotante. “Nos complace saber que el tribunal dictaminó que la barrera era ilegal y daña de manera irreparable las relaciones diplomáticas de EE.UU. y la seguridad pública”, señaló la fiscal general asociada del Departamento de Justicia, Vanita Gupta, en un comunicado.
Durante el juicio, el gobierno de Texas defendió la instalación de las boyas acusando a la Administración demócrata de no defender la frontera sur ante una invasión.