Un grupo de 16 organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos acusaron ayer a la Fiscalía de Guatemala de atentar contra la democracia y el Estado de derecho al judicializar el proceso electoral en el que resultó como presidente electo Bernardo Arévalo.
Las organizaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), emitieron un pronunciamiento en el que expresan su “profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.
“Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024”, afirma el pronunciamiento.
Las organizaciones señalaron que “la interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria”.
La Fiscalía giró esta semana 27 órdenes de captura contra militantes del partido Movimiento Semilla, al que pertenece Arévalo, por supuestamente haber sido partícipe de una toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos (USAC), en 2022, causar destrozos en sus instalaciones y utilizar esas acciones como plataforma política.
Texto y foto: Agencias
