El Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) organizó ayer un foro de discusión sobre el maíz genéticamente modificado o transgénico, en el que empresarios cuestionaron la seguridad jurídica del decreto presidencial que restringe el uso de este tipo de grano en México.
El decreto, emitido el 13 de febrero pasado, con el respaldo de 107 productores de maíces nativos participantes en el programa Producción para el Bienestar (PpB), engloba disposiciones para limitar el maíz transgénico, el uso de glifosato y el proceso de transición agroecológica. “Hoy el decreto no cumple con el objetivo que es elemental para cualquier instrumento normativo, no solo para el decreto sino para cualquier instrumento que tenga por objeto regular una actividad productiva. El decreto se aleja en brindar la seguridad para la actividad productiva”, remarcó Alejandro Monteagudo Cuevas, presidente ejecutivo de la Unión Nacional de Avicultores.
Monteagudo sugirió la necesidad de ajustar, modificar o incluso revocar el decreto, al argumentar que ya existen leyes que ofrecen la protección desea- da sin interferir en la actividad productiva. En un foro dedicado a “cultivar conocimiento y reflexión”, investigadores, científicos y empresarios debatieron acerca de la relevancia del maíz para la sociedad mexicana, así como las razones detrás de las restricciones al maíz transgénico que impulsa el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“El objetivo del foro es que la sociedad y todos los medios de comunicación tengan una ex- presión muy clara de todos los sectores, como el empresarial. Es una gran oportunidad para escuchar a todos y tener un criterio muy especial”, resaltó Ho- mero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. El Gobierno ha argumenta- do que la comunidad científica en México reconoció que el uso del herbicida glifosato, causante de cáncer según la OMS, junto con el cultivo de maíz transgénico, podría estar vinculado con el desarrollo de enfermedades renales y cáncer.
