El Pleno del Congreso del Estado dio luz verde a leyes nuevas y reformas a reglamentos ya vigentes que buscan poner freno a la especulación inmobiliaria, de tierras y garantías a la propiedad privada.
Además, creó la Procuraduría Ambiental, pese al voto en contra de los legisladores de Morena y de Movimiento Ciudadano. Ahora, Yucatán cuenta con la Ley de Asentamientos Hu- manos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado.
Así se aprobaron por mayo- ría los proyectos de dictamen para modificar la Constitución Política del Estado en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano; para expedir la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Procuración de Justicia Ambiental y Urbana; y para modificar la Ley de Gobierno de los Municipios, la de Desarrollos Inmobiliarios, de Vivienda y la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio, en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano.
A favor, la diputada Carmen González Martín aseguró que con estas acciones se hace frente al futuro de la habitación en Yucatán, teniendo como ca- racterística fundamental el or- den, con el que se permitirá al estado tener la mejor calidad de vida, transformación, seguridad y certeza a las familias.
El legislador Gaspar Quin- tal Parra del PRI reconoció la apertura de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación al recibir las pro- puestas y aportaciones para enriquecer los dictámenes.
“Quienes integramos la Fracción Legislativa del PRI tenemos el objetivo de garantizar una vida digna a todas las Yucatecas y Yucatecos, lo hemos demostrado al impulsar el reconocimiento constitucional del Derecho a la Ciudad y lo refrendamos en el presente dictamen mediante nuestras aportaciones”, agregó.
La diputada de Gabriela González Ojeda hizo entrega de propuestas para los dictámenes presentados entre los que destacó el agregar la palabra “movilidad” a la definición de derecho a la ciudad, el garantizar el uso racional y la no contaminación del agua y respecto a la Ley de Vivienda, que en los objetivos de esta se establezca la obligación del estado de garantizar el derecho a la movilidad en todos los espacios donde se desarrolle vivienda, las cuales no se admitieron por mayoría.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
