Pese a que tiene denuncias en la Fiscalía General del Estado de Yucatán, por presunta agresión a su expareja e intento de estrangulamiento, el morenista Jared Levi S. R. aspira a ser candidato a diputado local por Kanasín.
En mayo pasado, se aprobó la Ley 3 de 3, que impide a los agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia de género competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público.
La ley prohíbe ocupar cargos de representación popular, ni ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias.
Actualmente, activistas presionan para que funcionarios con estos antecedentes sean cesados.
Hace unos días, en el tendedero del colectivo Ley Sabina Yucatán fue exhibido el exalcalde priísta del municipio de Samahil, Isaías Salomón García Aguayo, quien es deudor de pensión alimenticia.
El monto de la pensión asciende a 1,500 pesos mensuales. Su expareja señala que no se le localiza cuando la ley marca que cuando se le notifica por tercera vez debe ser detenido.
Como se sabe, mientras un juez (a) define el monto de la pensión se debe otorgar una de manera voluntaria, pero estos lo realizan los padres que son responsables debido a que no llegan a un acuerdo con su expareja.
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