La dependencia federal considera que este hecho es absolutamente injusto para las víctimas y para la Nación, dada la gravedad de los delitos que se cometieron
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó el domingo “de maneja tajante” la decisión de la Jueza federal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, de revocar la prisión preventiva a ocho militares acusados de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, hace más de nueve años.
A través de un comunicado, la dependencia federal criticó que la secuela procesal de la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y los magistrados del Tribunal Colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, es “absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas”.
De acuerdo con la FGR, la determinación de los juristas concedió “ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa”.
Ante este contexto que aseguró, está afectando a 43 desaparecidos, a sus familias, a sus seguridad y a la Nación misma, “dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas sobre las cuales ahora se determina una libertad procesal de alta peligrosidad”, se buscará aplicar procedimientos de amparo y de ampliación de amparo “con el propósito de generar una evidente situación de injusticia”.
“Ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen”, reiteró la FGR.
Las autoridades federales señalaron que esta conducta procesal es “notoriamente injusta” y que, además, “se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política”.
Texto y foto: Agencias
