Hay reformas de avanzada en material electoral que no se pueden implementar por falta de recursos, reconocen
De manera conjunta el INE Yucatán y el Iepac organizaron ayer miércoles el “Foro para la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres en razón de género y la inclusión de grupos en situación de discriminación en el proceso electoral 2023-2024”.
Al dar la bienvenida, Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE Yucatán, reconoció que, lamentablemente, la violencia política contra las mujeres en razón de género es una realidad.
“Es nuestro deber que como ciudadanos, parte académica y actores políticos trabajemos en conjunto para erradicarla y crear un entorno seguro y respetuoso para las mujeres que desean participar en la vida política del país”, subrayó.
En cuanto al tema de la inclusión de grupos en situación de discriminación, dijo que es esencial para construir una democracia y representativa, especialmente en este proceso electoral que presenta importantes desafíos, y que requiere la participación de todos.
“Debemos recordar que cada voto cuenta, cada voz importa y cada persona ciudadana tiene derecho a ser parte activa en la construcción de nuestro presente y futuro colectivo”, apuntó.
Seguidamente, la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, Lízbeth Guadalupe Cetz Canché, recalcó que en una sociedad democrática como la nuestra no se deben permitir que las violencias sigan lacerando a las mujeres, ni que la discriminación siga bloqueando a las personas de sectores históricamente olvidados.
“Tenemos que poner un alto a este tipo de agresiones que, lamentablemente, siguen presentes en la calle, en los hogares en los centros de trabajo y en los procesos político electorales”, mencionó.
En su intervención, la consejera electoral del INE, Norma Irene de la Cruz Magaña, comentó que, aunque existan muchas legislaciones y se siga avanzando en la materia, aún falta mucho por hacer, ya que aunque existan normas de avanzada no se pueden implementar si no se cuenta con los recursos necesarios.
“Ya tenemos una ley de 10 años de paridad, y van a ser cuatro de la reforma de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Todo suena bien, pero el reto es aterrizar, porque hasta ahora se ha tenido que hacer a fuerza de acuerdos, sentencias, y lineamientos”, señaló.
Más adelante, la investigadora Rocío Quintal López destacó que, gracias a la lucha organizada y estratégica de diferentes sectores, la participación política de las mujeres se ha ido traduciendo en cuotas y medidas de acción afirmativa, lo que ha conducido a que, en la actualidad, se tenga en todo México congresos paritarios, algunos incluso como el de Yucatán con mayoría de mujeres.
Sin embargo, manifestó que en estos momentos históricos, la presencia de las mujeres en la vida pública y política ya no puede reducirse solo al cumplimiento de cuotas numéricas. Es muy importante insistir en que quienes ocuparán esas cuotas, mujeres herederas de una lucha histórica de muchos años, realmente representen una agenda de mujeres, una agenda feminista, es decir que no voten en contra de iniciativas que favorecen a las mujeres.
En el foro, en el que participaron también las representantes de partidos políticos, se comentó que la población de origen indígena está más interesada en atender y resolver problemas relacionados con la subsistencia, que en competir por un cargo político, situación de la que se aprovechan personajes para suplantar espacios asignados para estos grupos y competir en el proceso.
Al respecto, la psicóloga del Instituto Municipal de la Mujer de Tzucacab, Eneida Mukul Monforte, se refirió a partidos políticos que postulan a candidatos y candidatas que no representan a las y los indígenas, por lo que considera que, aunque existen las leyes para que sean respetados sus derechos, no se están aplicando.
“¿Es legal? Por supuesto que es legal lo que han hecho, porque alguien les firmó una constancia donde dice que son indígenas, pero no legítimo, ya basta que nos estén utilizando”, recalcó .
Antes se mencionó el problema que representa la existencia de numerosos grupos que se dicen representantes de determinada etnia o grupo indígena, y que resulta que la comunidad de manera general no los reconoce como representantes de sus intereses.
El especialista en género y diversidad sexual, Eduardo Albizo Perera, afirmó que es indispensable entender que, para alcanzar una democracia plena y fortalecer los derechos políticos electorales, es necesario que todos ejerzan plenamente sus derechos humanos.
“No es cuestión de ideologías ni de modas, sino de respeto absoluto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos que nuestro estado ha suscrito”, dijo.
-Por ello, la orientación sexual y las expresiones de género no deben significar impedimento alguno para el acceso y ejercicio efectivo de nuestros derechos políticos electorales -apuntó.
Los participantes en el foro coincidieron en que es necesario dar más publicidad a las acciones afirmativas para que quienes tienen el interés de aprovechar sus beneficios y acceder a candidaturas, puedan defenderlas inclusive jurídicamente.
Antes de finalizar el foro, se presentaron las conclusiones y entre las frases consideradas como clave se citó la necesidad de hacer difusión de las acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables para evitar la usurpación; la creación de espacios para la manifestación pública informada; el ejercicio pleno de los Derechos Humanos en el marco de la ley, así como la sensibilización en la capacitación electoral para el reconocimiento de la diversidad condiciones para la dignificación de los espacios.
También se subrayó la importancia de implementar acciones para la difusión y sensibilización contra el racismo; acortar la brecha de desigualdad y discriminación mediante el conocimiento efectivo de la ley.
Texto y fotos: Manuel Pool