Carlos Hornelas
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El proceso electoral más grande que el país haya experimentado está a punto de llevarse a cabo el próximo domingo 2 de junio. Es una pena que cuanto más se acerca la fecha, los protagonistas de este acontecimiento han manifestado sus dudas con respecto al resultado cuando todavía no han iniciado los comicios. Desde el presidente de la República hasta los tres candidatos presidenciales han cerrado las campañas con al menos un dejo de sospecha sobre fraude electoral.
No creo que haya un solo país en cuyas elecciones no haya habido altercados, irregularidades o incidentes de diversa índole, no obstante, hablar de fraude anticipadamente me parece una irresponsabilidad de todos los implicados, porque sea cual fuere el resultado, la duda sobre el proceso, las instituciones, los funcionarios y los sistemas implicados ha sido sembrada lastimosamente en la mente de los ciudadanos.
Esto ha sido así por una cadena de eventos a los cuales no hay que ser indiferentes. En primer lugar, podemos mencionar la tibia y timorata actuación del INE durante las precampañas y campañas.
El INE se habría hecho de la vista gorda al dejar que servidores públicos en funciones iniciaran con mucha anticipación verdaderas campañas en su favor, con un gran dispendio de recursos, antes incluso de contender por la candidatura de sus respectivos institutos políticos. Recursos que no pueden ser auditables ni rastreables porque no los proporcionó el INE.
La falta de sanciones y de estricta observancia de las reglas, dejó mucho que desear y favoreció a la creación de una imagen en la cual muchos, desde el presidente, se preguntaban por su imparcialidad. De hecho, se llegó a cuestionar su propia existencia, como ocurrió con la intentona del plan de Reforma Electoral que buscaba regresar a la institución al cobijo de la Secretaría de Gobernación, como en los tiempos dorados del autoritarismo del partido monopólico.
Por otra parte, la llamada “defensa del INE” como si fuese patrimonio propio de la oposición, lo único que logró fue contribuir a aderezar la narrativa oficial de que dicho instituto podría inclinar la balanza a su favor. Así, llegamos con un INE, con un árbitro que puede ser cuestionado por tirios y troyanos.
El mismo Senado de la República ha contribuido, con sus omisiones, a la polarización y la sospecha. Como se sabe, el resultado de la elección se da a conocer por el INE, pero quien valida la elección y otorga la constancia de ganador, por así decirlo, a quien salga victorioso del cómputo de sufragios es el Tribunal Federal Electoral (Trife).
Para que el Trife declare al triunfador, requiere que sus siete integrantes avalen la autenticidad y certeza del proceso. Se requiere, por ley, que seis de sus integrantes se manifiesten al respecto.
Sin embargo, como se sabe, el Senado omitió el nombramiento de los dos magistrados que recientemente concluyeron su mandato y debían de ser sustituidos antes del proceso. Con solamente cinco integrantes, se tuvo que llamar a un magistrado para completar el número, y como dicta la ley, se tuvo que sacar de la Sala Regional a aquel que contara con mayor antigüedad para integrarlo al Trife. Lo cual tampoco dejó conformes a ciertas voces de los partidos con mayores intenciones de votos.
A esto hay que añadir las voces de quienes llaman a emitir un voto nulo para “hacer presente” el descontento con las opciones actuales. Votar sí, como dicen, pero no por ellos porque no nos representan. Cabe mencionar, por último, que, si se llegaran a presentar irregularidades en el 20% o más de las casillas a nivel nacional, se podría anular la elección, con todas las consecuencias que esto pueda tener.
