Carlos Hornelas
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Como se sabe, en septiembre se establecerá el nuevo Congreso electo, con todos sus integrantes y funciones, como corresponde a derecho. Será hasta un mes después que la virtual presidente de México, Claudia Sheinbaum, llegue a asumir plenamente sus responsabilidades.
Durante ese mes, entonces, el partido del presidente López Obrador, que él mismo forjó para su propia candidatura, tendrá mayoría calificada en ambas Cámaras a nivel federal. Lo cual le daría la oportunidad de oro de enviar las iniciativas que le vengan en gana, esperando que, sin el contrapeso de la oposición, se aprueben sin “quitarle ni una coma”, como le gusta expresar.
Una de las reformas que según él “urgen”, es la del Poder Judicial. La cual apunta directamente a la modificación de su configuración, cargos, tiempo de servicio, entre otros aspectos. Uno de los puntos más controversiales de esta propuesta, si es que la presenta nuevamente como la conocemos, es la supuesta elección popular de ministros y magistrados.
No se trata de que el pueblo sabio lleve a sus candidatos o vote por sus vecinos o amigos. Se trata de que el poder ejecutivo en funciones (en este período todavía AMLO), proponga hasta 10 candidatos; el poder legislativo, de mayoría morenista, hasta 5 candidatos; y el propio Poder Judicial, hasta 10 candidaturas. Estas planillas se votarían en junio de 2025 para reconfigurar la composición actual de dichos órganos.
Con lo cual, todo parece indicar que no se trata de una democratización de dicho Poder, ni tampoco de hacer valer la opinión de los ciudadanos, puesto que no admite la propuesta de ningún ciudadano ni candidatos de la sociedad civil o agrupaciones de la sociedad organizada.
Esto despierta sospechas, pues, si se atiende a la aritmética del mecanismo de selección, al presidente y su partido con mayoría en las Cámaras le corresponde designar dichos postulantes, lo que equivale a decir que podrían ser abiertamente partidarios de su movimiento, con lo cual la garantía de imparcialidad y certeza se vería seriamente comprometida, pero aún más: en términos prácticos es un reemplazo de los actuales funcionarios por los correligionarios de la 4T en un plazo de un año. Esto plantearía un escenario en el cual la división de poderes se puede difuminar muy rápidamente.
Además, es un “timbre de orgullo” como le gusta decir, que se quiere colgar antes de colgar la banda presidencial.
Es una maniobra, hasta cierto punto desleal, puesto que él mismo no pudo, durante su mandato y en las elecciones intermedias lograr este nivel de consenso, pese a que se precia de su capital como político, y ahora que se ha logrado, aprovechando este momento histórico le quiere imponer a Claudia esa herencia a cualquier costo.
Usa el Congreso de Claudia para colgarse la reforma en el último tramo de su mandato. Con ello demuestra que todavía no está dispuesto a hacerse a un lado y dejar que la virtual presidenta brille, mientras su llama se extingue, sino que quiere a toda costa vivir en carne propia lo que quería para sí: el sentimiento del control absoluto de todo el aparato. Su salida no puede ser por la puerta de atrás: quiere salir en hombros mientras su sucesora lo admira con lágrimas en los ojos.
Sheinbaum ha salido a morigerar la situación diciendo que se abrirá el debate parlamentario. Seguramente habrá mucho que debatir y muchas interpretaciones distintas por cada una de las tribus cobijadas bajo el paraguas de AMLO. Sin embargo, el presidente ya le corrigió la plana: “la reforma va en septiembre”, ha espetado. Esto puede ser muestra de lo que viene: ¿seguirá Claudia la línea que le marque su antecesor o será la alumna quien supere al maestro?
