La serie de cambios en la Constitución mexicana propuestos para modificar el Poder Judicial y desaparecer el organismo de transparencia, que socavarían la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas, deberían ser rechazados por los legisladores mexicanos en el Congreso, señaló este viernes Human Rights Watch (HRW).
La organización expresó su preocupación especialmente por las reformas al Poder Judicial, las que eliminan al Instituto Nacional de Transparencia, el acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), la que amplía la prisión preventiva oficiosa y la que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares, y eliminarían salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos”, señaló en un comunicado Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
El pasado martes, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso mexicano avaló la propuesta de reforma judicial del gobernante Morena, que propone elegir a jueces por voto popular.
Los legisladores del oficialista Morena prevén votar la reforma en el Pleno en septiembre, cuando tendrá los dos tercios del Congreso, necesarios para modificar la Constitución mexicana, tras las elecciones del 2 de junio.
La ONG enfatizó en alertar sobre la provisión para crear la figura de ‘jueces sin rostro’ en el combate al crimen, algo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ya dictaminó como violatoria al derecho a un juicio justo.
HRW recordó que las propuestas ampliarían la prisión preventiva automática, sustituirían el actual proceso de nombramientos judiciales por elecciones populares y eliminarían las restricciones constitucionales que prohíben a los militares llevar a cabo funciones civiles.
También desaparecerían la entidad independiente y garante de la privacidad y la transparencia gubernamental del país.
Ante ello, pidió a los legisladores que entran en funciones el 31 de agosto de 2024, que rechacen los cambios constitucionales. “Dado el largo historial de graves abusos y encubrimientos oficiales en México, los legisladores deberían adoptar medidas para fortalecer las protecciones de los derechos humanos, no para debilitarlas”, añadió.
to y foto: Agencias
