Políticos y expertos en derecho han reaccionado con sorpresa y, en varios casos, con incredulidad, a la decisión de dos jueces federales de conceder una suspensión para evitar por el momento la discusión del dictamen de la reforma al Poder Judicial, que se preveía iniciar ya la semana entrante.
El propio abogado Diego Valadés Ríos, uno de los más duros detractores de la reforma al Poder Judicial, consideró que esta resolución “no tiene fundamento jurídico”. “La defensa de la independencia judicial no debe verse empañada por decisiones carentes de sustento en la Constitución y en la ley”, resaltó.
Incluso el profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, Francisco Burgoa, otro de los opositores férreos a la actual reforma, dijo: “No comparto el criterio del Juez y sólo aumentará la narrativa en contra del PJF”.
Además, argumentó, “le van a querer iniciar juicio político”. “Por cierto, el Ejecutivo no tiene facultad para sancionar (aprobar) reformas constitucionales, menos para formular observaciones (vetar)”, explicó.
El nuevo líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, también cuestionó la decisión de los jueces federales. “Es inadmisible e improcedente toda resolución de cualquier juez o autoridad sobre el desempeño constitucional jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que violente la Constitución y el principio de legalidad, e invada facultades y funciones del Legislativo”, señaló en un video.
“No sólo es violatorio del principio del Poder Legislativo y contra la Constitución. Es inaudito que los quejosos sean los propios titulares de los juzgados de Distrito. Esta mayoría no se somete ni se someterá a los juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ella, no se puede suspender el análisis, la discusión y la votación. A los únicos a los que respondemos es a quienes nos eligieron, al pueblo, que nos designó en las urnas”, añadió el legislador morenista.
En el caso de Morelos, Martha Eugenia Magaña, Jueza Quinta de Distrito en el estado, otorgó el viernes una suspensión provisional en la que ordena que al dictamen no afecte a los cuatro jueces federales que promovieron el amparo.
Esto implicaría que el Poder Judicial puede ponerse por encima del Congreso de la Unión y las 32 legislaturas estatales.
En el caso de Chiapas, el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Felipe V Consuelo, se pronunció en sentido similar. “Resulta procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados”, resolvió el Juez al girar un exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en turno, y notificar a las autoridades responsables.
En un hecho inédito y en pleno paro de labores del Poder Judicial, lo cual impediría a sus propios integrantes litigar contra el proceso legislativo de la Reforma Judicial por no ser un asunto considerado “urgente”, estos dos jueces consiguieron una suspensión, de acuerdo con distintos medios mexicanos.
Texto y foto: Agencias
