Ayer comenzó la discusión en lo general de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados con dos discursos claramente contrarios. Sin importar la hora, se daba como un hecho su aprobación.
El oficialismo, que por cierto tiene la mayoría calificada, conformada por los diputados de Morena, PT y Pvem, planteó la necesidad de la reforma, principalmente por los casos de presunta corrupción que se vive en la impartición de justicia.
Además, se destacó que con la elección de los jueces, magistrados y ministros se ayuda a la democratización e independencia del Poder Judicial.
Con la reforma, se dijo, se busca una ruta para legitimar al Poder Judicial para que sea la piedra angular del sistema de justicia, por lo que la independencia judicial no está en riesgo, pues no se elegirán jueces y ministros amigos de los poderosos, bien de la política o del sector financiero.”Vamos a rescatar un poder público que fue secuestrado por poderes fácticos”, expresó un legislador de Morena.
El argumento principal de la oposición, integrada por legisladores del PAN, PRI y MC, es que la reforma destruye al Poder Judicial y se declaró “en resistencia” y apoyo a los estudiantes universitarios de derecho, trabajadores, jueces, magistrados y ministros, estos últimos que ayer se declararon en paro.
“Defender la justicia también significa defender a quien la ejerce y al aprobar la reforma se condena a México a un sistema de justicia entregado, sometido y entregado a los criminales”, mencionó ayer una diputada del PAN.
Además, la oposición panista lanzó el grito de “resistencia”, “resistencia”, “resistencia” en cada participación y acusaron a Morena y aliados de estar al servicio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
