El incremento de la complejidad de los problemas públicos ha conducido a los gobiernos a sofisticar sus herramientas. Algunos cambios fueron de tal magnitud, que replantearon el proceso de toma de decisiones. Así se fortaleció la relación de los gobiernos con la sociedad para crear esquemas de gobernanza a partir de un enfoque colaborativo y en el contexto de lo que las atribuciones legales aplicables establecen. La idea parte del supuesto de que los problemas públicos complejos integran una cantidad mayor de variables y alcance superior de sus efectos, por lo que es necesario que —como argumenta la Cepal— “un conjunto de actores independientes trabaje de manera colaborativa, complementando sus competencias, coordinando sus esfuerzos y sumando sus recursos”. Otra consecuencia se da al interior del Estado, en la que se configuraron redes de acción conjunta o gobernanza multinivel, la cual permite que diferentes Órdenes de gobierno participen de ciertas tareas en torno a objetivos compartidos, es decir, “las competencias administrativas, así como los recursos presupuestarios se distribuyen entre estos niveles de gobierno que se rigen de manera independiente” (Cepal), pero con objetivos comunes. Un instrumento adecuado sería nuestro Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el cual aunque perfectible, es un buen instrumento para la distribución de recursos entre los tres ordenes de Gobierno en el federalismo mexicano.
Esto último es la característica principal de la gobernanza, la cual se desarrolla en un contexto multinivel, sobre todo en países con organización político-administrativa federal. El argumento principal está asociado con la distinción territorial-regional de los problemas públicos, sobre todo en el caso de las políticas públicas dedicadas, por ejemplo, al mejoramiento de las condiciones económicas para atraer inversiones (por la distinción de vocaciones económicas regionales) o aquellas dedicadas a la atención de la población con carencias sociales (dada la diferencia existente en la cantidad y características de los grupos poblacionales en situación de desventaja).
La aplicación de esquemas de gobernanza se ha extendido a otras materias, propias de la gestión interna de los gobiernos. Ese es el caso de las políticas de fiscalización superior, control interno, anticorrupción, rendición de cuentas, en las que, aunque —en el caso de México— existen mandatos y principios generales manifestados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se desarrollan en un efecto de gobernanza. De tal suerte, tanto a nivel federal como subnacional hay acciones, políticas, estrategias y demás instrumentos que, de una u otra forma, atienden a los grandes objetivos de prevenir, detectar, investigar y sancionar casos de corrupción.
Los conceptos y la práctica de la gobernanza multinivel y fiscalización deben —en un entorno ideal para lograr eficacia y eficiencia— emparejarse y comprenderse como un binomio. En el caso de México, muchas dependencias pueden aprovechar los contenidos de la ASF en las auditorías que practica en cada ciclo de la Cuenta Pública; todas ellas tienen algo que aportar, porque a distintos niveles se conoce una realidad administrativa y política distinta. Cabe comentar que esta buena práctica es compartida en la Olacefs y la Occefs a través de la participación de la ASF en los comités, grupos de trabajo y fuerzas de tarea de estos organismos dedicados a la gobernanza.
La aproximación de gobernanza a través de los resultados de la fiscalización superior incide en forma positiva, pues entre otros aspectos pueden ayudar a distribuir de manera más eficiente los tramos de responsabilidad que cada institución tiene en los procesos.
brunodavidpau@yahoo.com.mx
