El Congreso también batea la orden de la juzgadora de borrar la Reforma del DOF

El Congreso declaró improcedente solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que acate la orden de una Jueza para eliminar la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF). Las resoluciones del Legislativo ocurren tras discutir la consulta que solicitó al respecto la Consejería Jurídica.

En el Senado, con 80 votos a favor y 35 en contra, el pleno suscribió un acuerdo para declarar improcedente eliminar la publicación en el DOF respecto a los cambios constitucionales. “Aprobado el acuerdo muy por encima de la mayoría absoluta. Esta soberanía está defendiendo su trabajo, la Constitución vigente, y las tareas realizadas”, declaró el Senador y presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Por parte de la Cámara de Diputados, que también recibió la solicitud de consulta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, declaró que también imposible acatar la orden. “Cualquier resolución judicial que pretenda detener o revertir la reforma constitucional en materia del poder Judicial, a través del juicio de amparo, carece de sustento legal”, afirmó en un comunicado.

Durante la sesión de este jueves en la Cámara alta, Fernández Noroña anunció que había recibido de la Consejería Jurídica un oficio por el que se formuló una consulta al Senado con relación a la resolución de amparo 823/2024, la cual obliga a la titular del Ejecutivo a eliminar la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación. El pleno aprobó que es imposible acatarla, pues la publicación de los cambios constitucionales es un hecho “irrevocablemente consumado”.

“Tal decisión es claramente violatoria de las facultades soberanas del Constituyente Permanente y a través suyo se pretende obstaculizar la Reforma Constitucional en cita. Dada la gravedad de ese proceder, y toda vez que el Ejecutivo Federal se limitó a dar cumplimiento a los mandatos emanados de la Reforma Constitucional, respetuosamente se plantea a esa Soberanía la consulta acerca de si es procedente eliminar dicha publicación en el Diario Oficial de la Federación”, dice el escrito de la Consejería Jurídica.

El escrito de la Consejería sugiere que eliminar del DOF la Reforma Judicial no es viable, ya que “la publicación es un hecho irremisiblemente e irrevocablemente consumado”. Asimismo, indica que la eliminación ordenada por la Jueza es “de imposible realización legal, material y fáctica”.

“Nuestra opinión es en el sentido categórico de que ello no es en modo alguno viable en virtud de que la publicación es un hecho irremisiblemente e irrevocablemente consumado, por lo que la eliminación ordenada por la Jueza de Distrito es de imposible realización legal, material y fáctica; más aún, se incurriría en una flagrante violación al principio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación previsto en el artículo 7º. Bis de la Ley que regula a ese órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”, explicó Ernestina Godoy en el oficio.

En la discusión, el Senador Clemente Castañeda, del partido Movimiento Ciudadano, aseguró que lo que busca la Presidenta Sheinbaum es repartir una “falta grave” a la orden de la Jueza. Aseguró que lo que debe hacer la Presidenta es impugnar la orden judicial, y no desacatarla. “Que la combata por las vías legales (…) Nos quieren hacer corresponsables a los poderes públicos de un posible desacato de la Presidenta de la República”, expresó.

Por su parte, el Senador de Morena, Miguel Pavel Velázquez, reviró y expresó que la orden de la Jueza no tiene validez. “¿Cuál es el delito ahora? Es darle al pueblo la posibilidad de participar para decidir quiénes son los jueces, magistrados y ministros; es decir, democratizar un poder de la República”, señaló.

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la publicación de la reforma al Poder Judicial en el DOF fue una instrucción del Congreso de la Unión, por lo que informó que una vez que fuera notificada sobre la resolución de la Jueza le preguntaría al Poder Legislativo sobre la legalidad de esta orden.

“En el momento en que recibamos la notificación le vamos a preguntar al Legislativo porque ellos son los que ordenan la publicación y ahora una Jueza, violando completamente la Ley de Amparo, pide que se elimine, ¿quiere que se rompa o borre? La Consejería Jurídica enviará una pregunta al legislativo: ¿es factible que una Jueza pida eso?”, explicó la Jefa del Ejecutivo Federal.

Texto y foto: Agencias