La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro solicitó una pena de tres años de cárcel para Esmeralda, una adolescente de 14 años, quien sufrió un aborto espontáneo luego de ser víctima de una violación cometida por un familiar suyo tres años mayor que ella.
Además, la Fiscalía queretana, encabezada por Víctor de Jesús Mendoza, quien asumió el cargo marzo pasado en medio de protestas por parte de legisladores morenistas y petistas del estado, también le exige a la joven una indemnización por 518 mil pesos al “padre del producto”.
La propia secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, expresó su condena ante lo sucedido y afirmó que es “inaudito e ilegal” lo que la Fiscalía General del Estado de Querétaro ha realizado.
A través de su cuenta de X, la funcionaria federal expuso que se solicitará una mesa de trabajo con Mauricio Kuri, Gobernador de la entidad, así como la propia Fiscalía estatal, la titular del Instituto de las Mujeres en Querétaro y las representantes legales, en este caso la organización Adax Digitales.
“La procuración de justicia SIN perspectiva de género y sin lógica jurídica y de derechos humanos, comete este tipo de injusticias. No lo permitiremos”, expresó Hernández Mora, la primera titular de la nueva Secretaría de las Mujeres, instituida justo en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La decisión de la Fiscalía se conoció durante la audiencia intermedia del caso, realizada en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes, detalló Mayra Dávila, presidenta de la organización feminista Adax Digitales, que se ha encargado de representar legalmente a la menor.
Este hecho ha causado ya conmoción a nivel nacional.
Varias colectivas feministas y usuarios en general han señalado la revictimización con la que la Fiscalía de Querétaro ha llevado al caso, esto a pesar de que su titular asegura que la apertura de la investigación es por Ley, pues la entidad está obligada a investigar cualquier pérdida fetal avanzada.
Mayra Dávila precisó que el juicio continuará debido a que no se logró desestimar ninguna de las pruebas que la defensa había solicitado que se eliminaran, esto al considerarlas revictimizantes, como fueron los testimonios sobre la vida sexual de la menor, datos que, argumentó la representada de Adax Digitales, no guardaban relación con el caso.
Texto y foto: Agencias
