En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley, el Poder Judicial del Estado envió la tarde de ayer al Congreso local el presupuesto para el ejercicio 2025 que asciende a mil 328 millones de pesos, los cuales se destinarán primordialmente para continuar fortaleciendo la infraestructura, la digitalización y modernización de todos los procesos jurisdiccionales y administrativos, así como reforzar la plantilla del personal en los juzgados existentes.
Dentro del proyecto para el próximo año, presentado por el director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura, Guillermo Ponce López, a la actual Legislatura para su análisis, discusión y, posible, aprobación, también se incluye la solicitud de las organizaciones sindicales de un incremento salarial del 20% para la amplia base trabajadora, la cual es resultado del diálogo con los sindicatos, para atender el tema de la inflación y reducir el rezago de los trabajadores que menos ganan. El documento fue recibido por Miguel Ceballos Quintal, director Jurídico del Congreso del Estado.
Vale la pena mencionar que, para el 2025 se determinó que los salarios de Magistrados del Poder Judicial del Estado y Consejeros del Consejo de la Judicatura tengan un ajuste del 3%, porcentaje menor a la inflación, por lo que en términos reales no recibirán incremento salarial alguno.
De acuerdo con el planteamiento, en el caso del Consejo de la Judicatura, el personal con las categorías de jefe de Órgano Técnico a jardinero serían los que recibirían el incremento del 20% en sus percepciones salariales, mismo porcentaje para los trabajadores del TSJE que ocupen los puestos de secretario de acuerdos de la comisión de conflictos hasta jardineros.
Por lo que toca a jueces, directores de capacitación, directores administrativos y directores de área recibirían un aumento del 4.3% que equivale aproximadamente al porcentaje de la inflación, por lo que no representa un incremento real.
En el presupuesto del Poder Judicial yucateco para el próximo año, se están considerando los recursos para sentar las bases de la capacitación del personal judicial, la infraestructura física y tecnológica adecuada para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (Cocifam), que tiene énfasis en la digitalización y la justicia oral, cuyo plazo máximo es hasta el 1 de abril de 2027.
De los mil 328 millones de pesos solicitados en el proyecto de presupuesto para el próximo año, 985.5 millones de pesos corresponden al Consejo de la Judicatura, 313.8 millones de pesos al TSJE y 28.7 al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios.
Texto y foto: Agencia
