La CTM, la Croc y el CEE Yucatán resaltan la necesidad de pausar y dar tiempo para un debate constructivo sobre las reformas propuestas en el Congreso de la Unión al funcionamiento y estructura del Infonavit, ya que, consideran, el Gobierno Federal busca disponer unilateralmente del dinero de los trabajadores de más de 22 billones de pesos.
El Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE) y las Confederaciones de Trabajadores de Mexico (CTM) y Regional de Obreros y Campesinos (Croc) se manifestaron en contra de la reforma al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), pues, aseguraron, con el cambio en la representación en los órganos de gobierno y vigilancia se corre el riesgo de perder la transparencia en los recursos de los trabajadores.
En rueda de prensa, el presidente del CCE Alejandro Gómory señaló que la transparencia es necesaria en el gobierno tripartita del Infonavit y es un riesgo real que el Gobierno Federal se puede quedar con esos recursos económicos, que son producto del ahorro de los trabajadores y la aportación de los patrones.
“El Gobierno no aporta ni peso, pero sí es el encargado de la administración de estos fondos”, lamentó.
Dijo que la reforma que implementa el Gobierno Federal y que se frenó el lunes pasado en la Cámara de Diputados tiene como objetivo elevar la representación gubernamental para que ellos decidan qué se hará con el dinero de los trabajadores.
En ese mismo sentido se manifestó el líder de la CROC en Yucatán, Pedro Oxté Conrado, quien, agregó, es bueno que se haya frenado la reforma en la Cámara Baja.
“Dijo Ricardo Monreal que se entra en un proceso de escuchar a los trabajadores, ya que esos recursos son de nosotros”, recordó.
Por su parte, el líder de la CTM, Luis Briceño Contreras, destacó la necesidad que el gobierno del Infonavit se mantenga como hasta ahora, pues eso ha permitido que las decisiones se tomen en conjunto.
En conjunto, el CCE y los líderes obreros hicieron un llamado a los diputados federales de Yucatán para decir NO a la reforma.
Que todo siga igual
Sobre el tema, Raúl Monforte González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic), delegación Yucatán, consideró que lo ideal es que todo permanezca como hasta ahora.
“Nosotros proponemos que no haya cambios en la forma como opera actualmente el Infonavit, pues el riesgo es que el Gobierno tenga accesos a recursos que no le pertenecen”, planteó.
Sin embargo, reconoció que es cierto que se ha abierto una brecha entre lo que puede adquirir un trabajador, su capacidad de endeudamiento de un trabajador, contra lo que vale una vivienda económica.
“Ante la imposibilidad de hacer viviendas de ese nivel de precios, por la inflación, por el exceso de trámites, por las regulaciones, porque el propio gobierno no pone lo que le corresponde en los fraccionamientos, como son el equipamiento de escuelas, agua potable, drenaje, todo eso ha encarecido la vivienda y hace que los trabajadores ya no tengan acceso a ellas, por lo tanto, no se construyen viviendas económicas”, detalló.
Es por eso que el Gobierno echa la culpa a los constructores y empresarios, aunque es una mentira que construyendo ellos van a lograr bajar los precios.
“Lo que van hacer es construir más caro y en ese caño es donde se van a ir los recursos que por ahora tienen los trabajadores”, expresó.
22 billones de pesos a la vista
La CTM, la Croc y el CEE Yucatán resaltaron la necesidad de pausar y dar tiempo para un debate constructivo sobre las reformas propuestas en el Congreso de la Unión al funcionamiento y estructura del Infonavit, ya que buscan disponer unilateralmente del dinero de los trabajadores de más de 22 billones de pesos.
“Convocamos a los diputados federales por Yucatán a votar en contra de esta iniciativa y con este voto defender los intereses de los trabajadores en vez de poner en riesgo su patrimonio”, refirieron.
En el comunicado precisaron que se pretende trastocar la transparencia del Instituto y los equilibrios que durante décadas han garantizado su siempre perfectible, pero correcto funcionamiento.
Recordaron que antes de 1972, los trabajadores en México carecían de acceso a algún tipo de financiamiento para adquirir una vivienda, lo que provocaba asentamientos irregulares, hacinamiento de parte importante de la población y por lo tanto, condiciones precarias de vida.
“Nuestra Constitución, en su Artículo 123, estableció el derecho a una vivienda digna y decorosa a toda mujer y hombre trabajador mexicano y así fue como nació en aquel año, 1972, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)”, leyó Alejandro Gómory Martínez.
Modelo tripartita
Una de las características fundamentales del Instituto es que nació como un modelo tripartita, en el que los patrones realizan una aportación del 5% de salario como ahorro individual de cada trabajador para garantizar su derecho a una vivienda digna y es con lo que se constituye los recursos del instituto. El gobierno mexicano no aporta recursos, aunque sí actúa como regulador del sistema.
Por ahora, la Comisión encargada de vigilar todas las acciones del Instituto cuenta con nueve integrantes: tres representantes de los trabajadores, tres de los patrones y tres del Gobierno Federal, con lo que se garantiza el equilibrio de los intereses.
Explicaron que la iniciativa en cuestión pretende dejar a los 9 integrantes, con la alarmante diferencia de que ahora proponen que sean cinco los integrantes del Gobierno Federal en turno, y dejar a los trabajadores con dos representantes y a los patrones con los restantes dos.
“¿Qué significa? Que el Gobierno Federal en turno siempre tendrá mayoría ante cualquier decisión que se tome. El Gobierno Federal tendría el control total de la Comisión de Vigilancia”, indicó el vocero.
Desmenuzaron que si toman una mala decisión financiera con el dinero que pertenece a los trabajadores, por cualquiera que sea la razón y la implementan por tener mayoría, los trabajadores podrían perder su patrimonio y nadie lo podría evitar.
Propusieron que el Comité de Transparencia, que antes tenía a tres integrantes: un representante de los trabajadores, uno de los patrones y uno del Gobierno Federal en turno, ahora se aumente el número a cinco: uno de los trabajadores, uno de los patrones y tres del Gobierno Federal en turno.
Pero no queda ahí: pretenden desaparecer la responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de supervisar y vigilar que las operaciones del Instituto se ajusten a las normas establecidas y a sanas prácticas.
Ahora será el Gobierno Federal el que se supervise así mismo.
“Con la iniciativa presentada, el objetivo es que los trabajadores pierdan poder y decisión sobre su propio patrimonio, que los patrones pierdan voz y que sea el Gobierno Federal en turno el que controle absolutamente todo lo que suceda en el instituto”, lamentó el líder empresarial en la lectura del posicionamiento.
Las centrales obreras y el CEE de Yucatán llaman al Gobierno Federal a reconsiderar la iniciativa presentada y a que discutan, trabajadores, patrones y gobierno, las reformas necesarias, siempre cuidando que el equilibrio entre trabajadores, patrones y gobierno se mantenga.
-Llamamos a las autoridades a no trastocar los equilibrios que tantas décadas de sacrificios ha costado a la sociedad mexicana y a tomar en cuenta siempre a todas las partes, antes de pretender modificar, de manera unilateral, este derecho. La transparencia debe ser pilar del Estado mexicano, sin importar qué partido político sea el que está en el gobierno -finalizaron.
Texto: Esteban Cruz/Darwin Ail
Fotos: Esteban Cruz/Cortesía
