El comisario municipal, Wilbert Nahuat Puc, anuncia que la comunidad obtiene un fallo de amparo que será un precedente en la defensa legal de los pueblos originarios contra la violación de sus derechos
El comisario municipal de Santa María Chi, Wilbert Alfonso Nahuat Puc, anunció ayer que un fallo de amparo otorgado a su comunidad marca un precedente en la defensa legal de los pueblos originarios frente a casos de contaminación y violaciones a sus derechos.
La resolución del Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán declaró inconstitucional el artículo 149 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado, al limitar la participación ciudadana en procedimientos ambientales.
“La Secretaría de Desarrollo Sustentable cerró nuestra denuncia sin permitirnos presentar pruebas, aun cuando seguíamos viendo la operación de la granja porcícola que denunciamos. Esta sentencia reconoce que eso vulneró nuestros derechos”, afirmó Nahuat Puc.
El comisario detalló que la denuncia se presentó en 2023 por la quema de excretas de cerdo y contaminación del aire y agua en la comunidad.
En 2024, la SDS dio por concluido el caso con acciones menores, como la siembra de árboles y limpieza de un área perimetral, sin que las y los habitantes pudieran intervenir en el proceso.
“Ahora se nos reconoce como parte formal, con acceso a expediente, derecho a aportar pruebas y a presentar alegatos”, precisó.
Nahuat Puc hizo un llamado a otros pueblos a interponer amparos similares y a fortalecer la defensa colectiva: “Esta resolución no solo beneficia a Santa María Chi, sino que puede ser utilizada como antecedente para que otras comunidades hagan valer sus derechos”.
Durante la misma conferencia se expusieron otros logros y desafíos de comunidades mayas, como en Celestún donde la sentencia en segunda instancia devuelve la condición de ejidatarios a los integrantes despojados mediante actos fraudulentos.
En Ixil hubo un rechazo unánime al desarrollo “Gran Paradizo” y se anunciaron acciones legales por falta de consulta previa, libre e informada. Mientras que en Kinchil se interpuso una denuncia contra las empresas inmobiliarias por supuestas dádivas a políticos para evadir consecuencias legales. También, en Sisal se dio continuidad a la defensa de los montes, pese a la detención de dos activistas.
Asimismo, la Fundación Yansa convocó a un conversatorio que se realizaría el 29 de agosto y a un taller el 30 de agosto sobre derechos territoriales de pueblos y comunidades indígenas, dirigidos tanto a integrantes de comunidades como al público en general.
Texto y foto: Andrea Segura
