Con escrituras en las manos, un grupo de habitantes de la comunidad maya de Dzitnup, municipio de Valladolid, exigió a los Gobierno de México y de Yucatán que sea reconocida la “propiedad comunal tradicional”, debido a que sus terrenos, junto con sus dos cenotes, que han sido explotados por empresas privadas durante años, vuelvan de manera legal a ellos.
Se trata de los cuerpos de agua conocidos como Samulá e X’Kekén. La intención de los afectados es que se cancele la concesión otorgada a una empresa particular de turismo, con el fin de que vuelvan a su dominio lo más pronto posible.
Baldomero Poot Moo, comisario de Dzitnup, explicó en rueda de prensa que las tierras pertenecen a la comunidad desde que fueron donadas por su propietario original. Para respaldar su dicho, mostró las escrituras registradas en 1994 ante el Registro Público de la Propiedad.
Señaló que dicho documento, notariado y avalado por el Gobierno de Yucatán, no fue respetado por administraciones estatales en el pasado.
Debido al conflicto por la posesión de las tierras, el Gobierno estatal intervino en 2009 y decretó su expropiación con el argumento de resolver el problema y asegurar que los beneficios de los cenotes serían para la gente del pueblo maya.
Pero, en vez de respetar sus derechos, comenzó un proceso de brindar la concesión a empresas turísticas.
Se detalló que para 2022, los terrenos fueron entregados por el Gobierno al Instituto de Vivienda de Yucatán (Ivey), realizando una división de estos, es decir lotificándolos, y nuevamente se entregó la concesión a una empresa denominada Albes.
Los habitantes denunciaron a la empresa como “discriminatoria, déspota y arrogante” contra la gente de Dzitnup, y señalaron que les negaban el paso a los cenotes.
Poot Moo explicó que el patronato de Cultur les propuso firmar un nuevo convenio para darle la concesión a otra empresa particular, pero se negaron. Además, “explotó” una inconformidad generalizada entre la comunidad, por lo que decidieron tomar los cenotes y tierras.
Ahora, desde hace dos semanas, ellos tienen el control del ingreso a los cenotes, cobran 100 pesos por persona, y además brindan alimentos y una experiencia turística de gran nivel a visitantes nacionales e internacionales.
Los ingresos recaudados se destinan a obras de la comunidad, como el mantenimiento de escuelas, la compra de agua purificada, la limpieza de carreteras, así como para ayudar a la gente en situaciones adversas graves.
Por su parte, el asesor de la comunidad, Sergio Oceransky, explicó que existen dos vías para llegar a una solución: la primera sería que el Gobierno de Yucatán reconozca la historia de agravios y rescinda la concesión vigente; y la segunda, que las autoridades publiquen un decreto con la figura legal de “Reconocimiento a la propiedad comunal tradicional”.
Texto y foto: Alejandro Ruvalcaba
