CARLOS HORNELAS
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Estamos viviendo tiempos delicados en materia de libertad de expresión en todo el mundo. La libertad de expresión siempre ha constituido un recurso en manos de cualquier ciudadano indefenso como una alternativa para desafiar a los poderes, sean éstos legalmente constituidos como el Estado, o bien, poderes fácticos: medios de comunicación, crimen organizado, partidos políticos, empresas comerciales o algunas asociaciones civiles.
El debate de ideas es importante, porque gracias al contraste de posiciones y la acumulación de argumentos, se puede alcanzar la razón y la verdad. Solo a partir de la constante refutación y la exigencia de la prueba, de la necesidad de evidencia inequívoca como garantía del discurso, se pueden colocar los peldaños de la certeza.
Por tanto, la evasión de ciertos temas, la prohibición de otros o su soslayamiento deviene en una censura que impone una cierta ortodoxia sobre aquello que puede ser discutido o rebatido y aquello que no admite estas condiciones.
En el Estado de Florida, por ejemplo, la llamada “Ley de Derechos de Padres en la Educación” (apodada por sus opositores como la ley “Dont say Gay”) ha prohibido el acceso a una lista de libros en Bibliotecas Públicas que engrosa cada vez más. Originalmente se habían suprimido libros sobre educación sexual, pero después se incluyeron aquellos con temáticas afines a la comunidad LGBTQ+ y más recientemente se quiere eliminar aquellas lecturas que aborden la historia de la esclavitud en un esfuerzo por evitar “revictimizar” a los sectores sociales que se sientan agredidos.
Las redes sociales virtuales han traído consigo nuevos peligros y amenazas latentes contra la libertad de expresión y la democracia. Lo que debería haber sido una edición digital de la plaza pública, se ha convertido en la arena de lucha entre los sectores más polarizados y estridentes de la sociedad.
En lugar de ser un espacio de discusión, la desaprobación sobre opiniones distintas o disidentes es recibida como una ofensa tan grave como una agresión personal y física a la persona o a la propiedad, con lo cual, la respuesta o reacción ante un posicionamiento no es una réplica con datos y pruebas para elevar el nivel de discusión, sino se convierte en un enfrentamiento que escala hasta integrar a miembros y partidarios de una idea para llevar a cabo verdaderas campañas públicas que buscan aislar, desacreditar y silenciar a quienes no comparten puntos de vista. Todo con el amparo del anonimato. En vez de discutir se proponen eliminar al contrario.
El fenómeno de cancelación provoca una nueva “espiral del silencio” en la que quienes advierten la impopularidad de sus posicionamientos, aún siendo expertos en el tema, recurren a la autocensura con tal de evitar su asedio digital. El debate se empobrece por el miedo y la mediocridad se premia con la relevancia efímera de la tendencia del momento.
Como efecto colateral, las redes sociales virtuales viralizan las noticias falsas, las teorías conspiranoicas y la propaganda velada. En la ausencia de moderadores con autoridad en los temas, como sucedería en un debate entre académicos, por ejemplo, los usuarios tienden a responder más positivamente a aquellos contenidos que exciten sus emociones, sean breves, entretenidos y superficiales. Con lo cual la cultura tiende a “achatarse” dado que da relevancia a quienes son más estridentes pero logran enganchar a la gente y callan a los sabios que “aburren” con información relevante. Por último, se respira un clima de hostilidad hacia quienes trabajan de manera profesional con la información: científicos, periodistas, editores, curadores, en un afán por deslegitimar su valor intrínseco. No demos cabida al mundo que premia el grito, silencia la razón y niega la verdad.
