CARLOS HORNELAS
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¿Podemos elegir algo que juegue en nuestra contra, consciente y complacientemente? Y no, no estoy hablando solo de relaciones tóxicas en cualquier momento de nuestra vida. Quiero extender el debate a las cuestiones relacionadas con la política. Porque se supone que, en la llamada democracia liberal occidental, los votos que llevan a nuestros representantes de cada poder a ocupar sus cargos son producto de un razonamiento profundo y un conocimiento informado de las propuestas y estrategias que usarán en la administración pública en favor del bien común.
Sin embargo, el último informe de Human Rights Watch revela que el año 2025 se ha caracterizado por una constante recesión democrática, el debilitamiento del orden legal y del estado de derecho, así como la reconfiguración del poder a nivel mundial.
Algunos países, entre los que se encuentra Estados Unidos han llevado a la presidencia, a través de elecciones, a líderes autoritarios que desprecian los valores democráticos, como la libertad de expresión, el disenso de los opositores, el debate público, las normas legales y sus instituciones, o la negación del reconocimiento de derechos humanos a ciertos sectores de la población, lo cual representa un retroceso en la vida democrática de estos países. Lo hemos visto en nuestro continente con Nicolás Maduro en Venezuela, por ejemplo, o Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, Nayib Bukele en el Salvador o, en un pasado inmediato, Jair Bolsonaro en Brasil.
En el caso de Estados Unidos, a través de Trump, se han recortado los programas de ayuda humanitaria; las deportaciones se han incrementado en número y en la intensidad de la fuerza bruta durante la detención, a veces inmerecida (sean o no residentes legales) y se han realizado deportaciones no justificadas a terceros países, en las cuales los afectados tienen que valerse con medios propios para solventar su situación.
En el llamado país de la democracia moderna, durante el mandato de Trump se han vivido ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales, donde ha quedado claro la violación al debido proceso de presuntos civiles cometiendo ilícitos; Amnistía Internacional lo ha calificado como “ejecuciones sumarias de civiles” sin órdenes de aprehensión.
También se ha usado al ejército para reprimir protestas en su contra, como cuando desplegó marines y la Guardia Nacional en California, ignorando al propio gobernador de ese Estado. O cuando movilizó tropas hacia Washington para tomar el control de la policía, o en Chicago, Memphis y Nueva York, con alcaldes afroamericanos demócratas.
Además, el número de órdenes ejecutivas que ha emitido en un sinnúmero de asuntos merma la capacidad de ratificación, supervisión o acuerdo del Congreso, quien empieza a ser irrelevante como poder autónomo.
La intimidación sistemática a periodistas, en particular a quienes son críticos con su gestión, como Jimmy Kimmel, es una maniobra clásica en el manual de los regímenes autoritarios para silenciar voces opositoras.
El estado de derecho se reduce al capricho del gobernante y las instituciones son solo un recuerdo de ornato sin existencia real.
