Dos investigaciones revelan los retos, las brechas y los pendientes que existen con las comunidades indígenas
En el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) se presentaron dos investigaciones que son parte del dossier “Tohil”, publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y dedicado a visibilizar los retos, las brechas y deudas con los pueblos originarios.
De un total de ocho trabajos incluidos, por cuestiones de tiempo, en la mesa panel denoninada “Voces, Saberes y Derechos de los Pueblos Indígenas”, solo se presentaron dos, el primero de ellos a cargo de la doctora María Teresa Vázquez, en el que aborda la situación actual de las personas con discapacidad integrantes de pueblos originarios.
De entrada compartió que en Yucatán, el 40% de la población es maya hablante y que el 17.9% de las personas en la entidad, es decir una de cada cinco, vive con alguna condición de discapacidad.
“Esto quiere decir que son alrededor de 200,000 personas con discapacidad pertenecientes a la población originaria”, detalló, por lo que existe una discriminación que se puede multiplicar, primero, por ser mujer; segundo, por ser indígena y tercero, por tener alguna discapacidad.
En este sentido, consideró que es poco o nulo el acceso a los servicios educativos, de salud y rehabilitación, y a manera de ejemplo mencionó que una persona de Pocoboch, una comisaría ubicada al sur del estado tendría que viajar tres horas para poder recibir estimulación temprana en la ciudad de Mérida, pero el problema real es que ni siquiera existe transporte para llegar.
Además, mencionó que no en todos los municipios existen los Centros de Atención Múltiple (Cams), y no todos cuentan con terapeutas ni médicos que hablen maya.
Ante esta situación es frecuente que muchas madres se encuentren con la sorpresa de que sus hijos no avancen al mismo ritmo que sus compañeros en la escuela, y no saben qué tipo de problema puedan tener, ya que no han tenido nunca la oportunidad de llevarlos a un especialista para que les haga un diagnóstico.
En el ámbito educativo, mencionó que existen niños con discapacidad, para los que no hay más opción que los Cams, cuando este no es su único destino, ya que de esta manera prácticamente son segregados del resto de la población, y tratándose de maya hablantes no permitir que aprendan en su lengua, no permite su plena inclusión. Por ello comentó que en estos casos, los menores deben de integrarse a escuelas indígenas regulares.
“Existe discriminación en cuanto a servicios educativos y de rehabilitación dignos para la población indígena con discapacidad esto en relación con quienes viven en las capitales”, recalcó.
Finalmente, destacó que en México, al igual que en Yucatán, existe un marco jurídico impresionante en torno a los pueblos originarios, pero que su aplicación es un gran reto.
EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES MAYAS
Por su parte, la Dra. Rocío Quintal López dejó en claro que si algo no se nombra no existe, por lo que este material incluido en el dossier publicado por la Facultad de Derecho es una primera manera de crear conciencia respecto a los problemas que viven los pueblos indígenas.
Uno de estos problemas es el que gira en torno a las adolescentes mayas en situación de embarazo subsecuente, esto es, chicas de entre 15 a 19 años que llevan un segundo o tercer embarazo, y en este sentido, la investigadora del Centro Hideyo Noguchi explicó que no solamente se trata de un tema que impacta a su salud física y a la del producto en gestación y al que van a parir, sino también de una cuestión de derechos humanos.
Como parte de esa investigación, relató que entrevistó a 12 mujeres adolescentes mayas en la situación antes descrita, que viven en seis diferentes municipios, que se caracterizan por tener una alta o muy alta marginación y altos índices de fecundidad.
“En este trabajo, distingo y me cuestiono si a esa edad y en condiciones de desventaja, pobreza y marginación, embarazarse es una situación de elección”, planteó Quintal López, quien explicó que, al entrar a su etapa reproductiva, estas chicas truncan sus estudios, aunque de las doce entrevistadas, ocho ya no estaban en un circuito educativo.
“Allá estamos viendo el tema de la violencia estructural, de la pobreza y del rezago, entonces sí hablamos de derechos humanos una joven de entre 15 a 19 años de edad, que tendría que tener el derecho a acceder a la educación, sobre todo en una etapa tan formativa, no lo tienen”, mencionó.
Esto se debe a que influyen la cuestión económica, por temas de violencia también en la familia, y porque para estas familias, la educación sigue siendo un privilegio.
Al respecto explicó que en muchas familias se da prioridad a los hijos varones para que sigan sus estudios, por lo que hay una gran diferencia entre las expectativas que tienen estas jóvenes en poblaciones rurales, a diferencia de las que tienen jóvenes de su edad en la capital, respecto a que existe la meta de continuar con su preparación académica.
En este contexto manifestó que en las familias de las jóvenes que se embarazan a edades tempranas, la sorpresa, el enojo y la molestia duran poco porque, de cierto modo, ya estaban resignadas a que no iban a estudiar, que iban a casarse y, finalmente, a embarazarse, y son estos factores de tipo simbólico que tienen gran peso y que contribuyen a qué el problema deje de serlo, al normalizarse la situación.
Más adelante, mencionó que en su investigación cuestionó a las jóvenes sobre si con un primer bebé ya tenían pensado terminar su vida reproductiva, y muchas respondieron que no, ya que esperaban tener más embarazos, a pesar de estar inmersas en ámbitos de violencia familiar o, en su caso, teniendo una pareja con adicciones.
En este sentido dijo que el cuestionamiento gira en torno a que que prácticamente no tuvieron elección de decidir si querían estudiar o embarazarse. “Vemos una realidad que está violando los derechos humanos de las mujeres en lo simbólico y estructural”, recalcó.
Ante este panorama señaló que no se debe minimizar ni vanalizar este problema complejo, y que las soluciones intervenciones y políticas públicas que se apliquen tengan un enfoque integral, de modo que no o basta con impartir cursos para no embarazarse en las comunidades indígenas.
“Los pueblos indígenas no son piezas de museo, siguen vivos y tienen necesidades, pero siguen siendo ignorados como pueblos en sus realidades, y no se pasa del discurso para poder atenderlas”, puntualizó.
En la edición número 54 de la revista “Tohil” correspondiente a agosto- diciembre de 2025, se presentan otros artículos relacionados con la exclusión de las danzas tradicionales de Veracruz, las consultas y las aportaciones de los pueblos indígenas en políticas ambientales, y los derechos lingüísticos como desafío del pueblo maya.
También temas sobre el desplazamiento y mantenimiento de la lengua maya en la infancia y adolescencia; el consumo del pozol en adolescentes y adultos en Mérida; las políticas comunitarias y dinámicas proto industriales en el patrimonio de comunidades mayas de Yucatán.
El ejemplar puede descargarse gratuitamente en la página de la Facultad de Derecho de la Uady.
Texto y fotos: Manuel Pool
