El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rendirá su quinto informe de Gobierno hoy con una disminución de los homicidios, pero con una persistente crisis de violencia del narcotráfico y una respuesta insatisfactoria a sus promesas en relación a la protección de los derechos humanos.
“Cambió no solo la narrativa de lo que haría en materia de derechos humanos desde la campaña a sus primeros años de gobierno, sino que todo lo que ofreció en campaña para llegar a la presidencia fue olvidado”, dijo en entrevista con EFE José Antonio Guevara, especialista en derechos humanos y académico.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró el pasado 22 de agosto que el homicidio doloso continúa a la baja y destacó que en los últimos seis años se ha reducido la incidencia mensual de este delito en 19.9 %.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 32,223 asesinatos en 2022, una caída de 9.74 % frente a los 35,700 de 2021.
Sin embargo, en 2022, México se apuntó como el “país en paz” más peligroso para la prensa, al concentrar el 20 % de los asesinatos de periodistas en el mundo, con 13 casos, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Además, se contabilizan de manera oficial más de 111,000 personas desaparecidas o no localizadas en el país latinoamericano y, según investigaciones de organizaciones y buscadoras, son 52,000 los restos humanos que permanecen en dependencias públicas sin identificar.
Guevara aseguró que, además de las cifras directas, hay un debilitamiento de las instituciones y consideró que los seis años de Gobierno de López Obrador no serán solo “perdidos”, sino que ha habido “retrocesos” por las reformas impulsadas por el mandatario.
El experto subrayó la militarización del país con la creación de la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad que ha tomado cada vez más funciones de seguridad pública. “Para mí, fue una clara señal de que el Gobierno no iba a tener la capacidad de instrumentar una política pública consistente y coherente en favor de los derechos humanos”, consideró.
Por su parte, María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), detalló que hay un claro balance negativo que se ve influenciado por la profundización de la militarización.
“El modelo de seguridad no está funcionando”, aseveró.
Ambos coincidieron en que uno de los grandes ejes que frenan el avance en seguridad y protección de los derechos humanos en México es la impunidad, que está en más del 93 %, según la organización Impunidad Cero.
Texto y foto: Efe
