Salvador Castell-González
El pasado 8 de octubre se cumplió un año de que el organismo de derechos humanos de la ONU aprobara el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.
Este 2022 se hicieron al menos en papel un gran avance en los derechos humanos, empezando por el ya mencionado derecho, pero también se aprobó el derecho a la cuidad y el derecho a la buena administración.
Esta combinación de derechos humanos son una manera práctica y sistémica para garantizar los derechos humanos en las comunidades humanas, a que los que gobiernan tomen decisiones pensando en el impacto social y no el político y asegurar que estos derechos sean a largo plazo y sostenibles.
Es un momento extraordinario al menos en papel y en discurso, pero sigue la cuestión de que no se han establecido las herramientas institucionales y sistemas para poder acceder a las tan anheladas justicias climática, social y económica.
Estos derechos de la mano con el acuerdo de Escazú y las herramientas legislativas nacionales de acceso a la información nos permiten conocer mejor el estado real ecológico de nuestros ecosistemas y permite que sociedad civil y académica participe en las tomas de decisiones, aunque por experiencia pertenecer a un consejo consultivo es más un requisito de un compromiso real para escuchar las opiniones.
Algo que si he de reconocer es que le último año las empresas adheridas o no al pacto mundial están cada vez más participativas e interesadas en buenas prácticas socioambientales ya sea porque la sociedad está demandando mejor oferta o porque los apoyos económicos sólo están destinados a empresas alineadas al pacto mundial y la agenda 2030.
También son cada vez más los gobiernos municipales que se acercan para poder trabajar en capacitación y alineamiento de sus políticas públicas, de sus planes de desarrollo y programas municipales hacia la sostenibilidad, en algunos casos es interés real y compromiso, en otros es la obligación de hacerlo o simplemente no podrán descargar ningún recurso federal ni internacional hacia su territorio.
A un año del reconocimiento del derecho a la sustentabilidad no ha habido mucho avance ni en el cumplimiento de la agenda 2030 ni de sus objetivos del desarrollo sostenible, pero de que existe una tendencia en algunos casos forzada y en otros por real convicción, pero cada vez es mayor la cantidad de personas involucrándose en este sentido.
Muchos fracasos como la tan esperada asignación de recursos, el fracaso de la COP 26 y la espera de la COP 27, el crecimiento en intensidad de las “no campañas políticas” y un creciente número de oportunistas ambientales que ahora resulta que si tienen un genuino interés por las juventudes y por el clima. Yo solo espero que este año, las cosas sucedan, aunque sea un poco.
La semana en el primer Foro Internacional de Derecho a la Sustentabilidad se llegó a varios puntos interesantes que les iré compartiendo las próximas semanas.
Hagamos que las cosas sucedan.
