Opositores de la reforma del Plan B hacen un llamado a los ministros de la Scjn para que reconozcan de que dicha iniciativa tiene un serio potencial invalidatorio
Cerca de 500 mil personas, según cálculos de los propios organizadores, abarrotaron el Zócalo capitalino y calles aledañas en la marcha para apoyar la estructura actual del Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra de la reforma electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López.
La concentración convocada por organizaciones ciudadanas y partidos de oposición al gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” se llevó a cabo con una discreta vigilancia policiaca y la participación de miles de personas que comenzaron a llegar a la Plaza de la Constitución desde las 8 horas.
Algunas de las organizaciones y grupos participantes llamaron a marcha desde el Ángel de la Independencia, la Glorieta de las Mujeres que Luchan o el Hemiciclo a Juárez, para ingresar caminando por las principales vías de acceso al Zócalo.
En el camino, algunos simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador se plantaron para encarar a los manifestantes con la consigna que fue inventada en Palacio Nacional: “García Luna no se toca, viva el narco y el Cártel Inmobiliario”.
Los opositores a la reforma electoral del INE no cayeron en las provocaciones: las personas que marchaban se seguían de largo o contestaban con alguna consigna contra el gobierno de López Obrador, pero sin detenerse.
Al abrir la concentración de #MiVotoNoSeToca, la periodista Beatriz Pagés Rebollar hizo un llamado a las y los ministros de la Corte para que atiendan los recursos interpuestos en contra de la reforma.
José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn), llamó a los integrantes del Máximo Tribunal del país, a considerar las irregularidades de los procesos legislativos que se dieron durante la aprobación del Plan B electoral.
“Las y los ministros son sujetos de presiones desde el Ejecutivo, pero apeló al “talante democrático” de los juristas para reconocer que el Plan B “tiene un serio potencial invalidatorio”.
Texto y foto: Agencias